Todo esto se originó tras que la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales interpusiera ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso  en busca de que se anule la Ley 421, promulgada el 7 de octubre de 2013 durante el Gobierno de Evo Morales. Esa norma  distribuyó los escaños entre departamentos y estableció procedimientos para la “asignación” de los mismos. 

Luis Ayllón, representante legal de Gonzales, explicó que la legisladora interpuso la acción porque esa norma “transgrede” la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la distribución de escaños debe ser implementada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).  

El abogado indicó que el ordenamiento jurídico fue vulnerado  por la Ley 421, “que de manera desproporcional y arbitraria establecía disposiciones que le competen al OEP, usurpando funciones y señalando parámetros”.  

A esa causa  se sumó el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que emitió un pronunciamiento, en el que pidió al TCP “expulsar” del ordenamiento jurídico a la Ley 421, “restituyendo al TSE sus atribuciones y disponiendo que la votación emitida por cada ciudadano tenga el mismo valor para todos, independientemente de la región o el lugar donde se sufrague”.

Una “técnica” electoral 

Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de Juntos, sostuvo que la delimitación que se hizo de las circunscripciones no sólo es un problema de “ciudades versus campo”, sino –subrayó- está relacionado con una técnica denominada “Gerrymandering”, de manipulación electoral.   

En ese contexto, Doria Medina –en la exposición que realizó en el coloquio virtual Reglas electorales: la reforma posible-  indicó: “hay muchas circunscripciones que se las han armado de manera tal que beneficien al MAS”. El político aseguró  que se debe revisar cómo están esas circunscripciones,  cómo eran antes y por qué las cambiaron.

En el partido azul indican que al tratar de anular la Ley 421 se estaría, supuestamente, “tratando de diezmar la votación que tiene el MAS” en provincias y en los   sectores “más humildes”.

  “Si se hace efectiva (dejar sin efecto la Ley 421) se dañaría a nuestra democracia. No estamos en la situación de decir que el voto de uno es más que del otro”, afirmó Sergio Choque, presidente de  la Cámara de Diputados.
 
La postura del TSE 

En una entrevista anterior con este medio, Salvador Romero, presidente del TSE, indicó lo siguiente sobre el tema en cuestión: “La ley que regula el proceso electoral 2020 señala de manera muy precisa que se utilizarán las mismas circunscripciones que se utilizaron en la elección 2019; por lo tanto, no existe la posibilidad de un rediseño en las circunscripciones en este momento, hay un mandato legal sobre las circunscripciones”.

Miguel Serrano, experto en temas electorales, considera que  “es factible” que se revisen las circunscripciones, y que esa es una de las primeras actividades que debió llevar adelante el nuevo TSE, dado que el OEP  es un poder del Estado. 

“El OEP debe empezar a ponerse en el rol de cuarto poder el Estado, constitucionalmente constituido, y empezar a poner las reglas del juego electorales. Y si hay una Ley o una norma que le pone una camisa de fuerza o le restringe, es tuición del OEP decir: ‘no señores, esto no se aplica’ y dar una explicación técnica y legales, y decir ‘esto se hará así’”, aseguró.  
 

          ¿Manipulación? 

• Técnica  Samuel Doria Medina dijo que la delimitación que se hizo de las circunscripciones  está relacionada con la  técnica  “Gerrymandering”, de manipulación electoral.  
• C-15  El político puso como ejemplo la circunscripción 15 de La Paz, e indicó que antes   estaba conformada por Apolo, Ixiamas, San Buenaventura, “poblaciones donde normalmente ganaba la oposición por la influencia beniana”. 
• Ahora  Con la última delimitación -continuó-, en esa circunscripción también figuran  Achacachi, Ancoraimes, Huarina… “Le han aumentado a esa circunscripción poblaciones donde tenían una fuerte votación el MAS”, sostuvo.