Reynaldo J. González / Bolivia Digital

La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, anunció este martes la apertura de múltiples procesos penales contra los impulsores de los bloqueos registrados en el municipio de Yapacaní en plena emergencia sanitaria por el brote de coronavirus en el departamento oriental.

Según precisó este martes en contacto con los medios de comunicación, los juicios serían iniciados por varios delitos, entre los que prevalece el de atentado contra la salud pública debido a que la medida de protesta contraviene las medidas de bioseguridad decretadas.

“Tenemos delitos contra la salud pública y otros que van a ser analizados y evaluados por el fiscal”, afirmó. 

La funcionaria añadió que los bloqueos desarrollados por los pobladores de la zona, ubicada a 124 km de la capital cruceña, atentan asimismo contra el libre tránsito, especialmente de camiones de flujo interdepartamental, causando “el perjuicio económico de los mismos productores de la zona”.

“Siempre es una localidad muy complicada para todas las autoridades. No debemos olvidar que en este momento no existe Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) trabajando allá, debido a los saqueos y delitos que se cometieron contra la unidad policial del lugar (en noviembre)”, recordó.

Según denunció el domingo la Asociación del Transporte Pesado Internacional, la medida que tiene lugar desde la pasada semana en la ruta que une a Santa Cruz y Cochabamba afectó a más de 400 camiones que transportan alimentos perecederos, lo que causa pérdidas millonarias.

De acuerdo con denuncias consignadas por medios cruceños, la protesta incluyó además numerosos hechos de violencia contra personal médico, periodistas, autoridades e incluso un delegado de la Defensoría del Pueblo.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció la anterior semana que una protesta efectuada el jueves en la zona devino en hechos delictivos contra los mismos pobladores, que incluyeron el robo de automóviles y motocicletas.

Según el Gobierno, el bloqueo es impulsado desde inicios de abril por el partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS) en un intento por desestabilizar el país en plena coyuntura de la emergencia sanitaria.

Entre las demandas de los bloqueadores se encuentran el cese a una supuesta persecución política a sus líderes, la restitución de los servicios bancarios en la zona, el retorno de la Policía Boliviana, el equipamiento de sus centros médicos y la realización a la brevedad posible de las elecciones presidenciales.

Santa Cruz es el departamento más afectado por el COVID-19 con más del 50% de los casos registrados a nivel nacional.