Indicó que la denuncia es por los tipos penales de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, daños lesivos al Estado y delitos contra la salud pública.

La querella surge a propósito de la adquisición de 170 respiradores de industria española que llegaron al país y que causaron polémica tras conocerse que no eran aptos para terapias intensivas, sino sólo para emergencias.

La senadora Oporto argumentó, para sustentar su denuncia, que asociaciones médicas expresaron sus observaciones a los respiradores adquiridos, pero también existiría irregularidades respecto al precio.

Anteriormente, el ministro Navajas aclaró que se tratan de respiradores de emergencia, comprados a 27 mil dólares cada uno. Aseveró que no hubo sobreprecio y que, además, el ente financiador Banco Interamericano de Desarrollo otorgó su "no objeción" al proceso de adquisición.

La autoridad ministerial instó a dar tiempo para que los equipos demuestren sus virtudes. Aseguró que salvarán vidas.