“Se encontró un mortero de fabricación artesanal, que se caracteriza por ser altamente mortal, muy eficaz, por los daños físicos y psicológicos que provoca. Nunca antes había sido empleado en nuestro país, esta arma fue utilizada en varios países de Centroamérica, particularmente Nicaragua y Venezuela, hoy aparecen en Bolivia. Estos indicios y evidencias, nos permite deducir que estos grupos han alcanzado mejores condiciones de preparación, equipamiento y organización, lo que les permite llevar a cabo una inminente segunda oleada sediciosa”, explicó.

En esa línea, Santistevan manifestó que el gobierno constitucional de la presidenta Jeanine Añez, deberá considerar que las amenazas a la seguridad nacional, por parte de la delincuencia organizada y dirigida por una facción política interna encabezada por Evo Morales desde el exterior, se traslucen en todos los actos que impiden a las autoridades desenvolverse con libertad en la emergencia sanitaria, y contra la delincuencia organizada.

Aclaró que el Gobierno tiene motivos suficientes para intervenir frente a las amenazas. “No piense que se pretende una sobre explotación de la situación, por el contrario, se pretende evitar daños a los intereses nacionales. Es su deber intervenir en todos los actos propensos a quebrantar los principios y valores del Estado señalados en los artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado”, refirió.

Asimismo dijo que “estos actos son propensos a quebrantar la unidad del país, y tienden a obstaculizar operaciones militares contra la delincuencia organizada; destinados a consumar el tráfico ilegal de drogas; propenden el financiamiento de organizaciones terroristas para desarrollar actividades tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico e indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos; asimismo llevan a cabo actos de publicación sobre la creación de grupos guerrilleros y propagación de una sedición generalizada; los mismos que se materializaran a través de la ejecución de actividades de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, interdicción, sedición, emboscadas y otras acciones en contra del Estado; no se descarta la intervención de extranjeros, mediante el asesoramiento, adiestramiento y conformación de milicias”, apuntó.

Asimismo dijo que el escenario, entre la crisis sanitaria y los desestabilizadores de la paz social, pone a prueba la capacidad y el liderazgo de la presidenta del Estado.

“El Gobierno debe explotar dos grandes ventajas: La voluntad cívico - democrática de la mayoría de los bolivianos y las Fuerzas Armadas bajo su mando; ambos son más fuertes que cualquier grupo terrorista y para ello debe romper paradigmas y no adaptarse a la política vernácula que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, y por si fuera poco, en deuda por el voto igualitario”, aseguró.

Por otro lado, manifestó que Bolivia cuenta con el Consejo Supremo de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) que es el ente idóneo para establecer las amenazas tradicionales y/o emergentes a la seguridad nacional.

Recordó que después de la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto de la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, en noviembre de 2019, el gobierno de Jeanine Añez pasa a dominar la situación del país, pero duró poco tiempo, con la aparición del coronavirus, que obligó al ejecutivo a decretar “estado de emergencia sanitaria” seguida de una cuarentena y que a partir de ello se produjeron acciones esporádicas hasta incrementar la intensidad en estos días.

“Los manifestantes, actualmente siguen ocupando sus puntos de bloqueo sin idea de repliegue, mientras exigen la renuncia de la presidenta del Estado y elecciones en el mes de agosto”, lamentó.