Casos comprobados y denuncias de coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares, además de uso indebido de bienes estatales, desnudan la fragilidad de un gobierno de transición en 6 meses de gestión.

Jeanine Áñez asumió la presidencia del Estado por sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. Desde esa fecha ya han pasado 6 meses y seis días de la actual administración gubernamental.

La Razón hizo un recuento de 13 casos que han empañado la gestión de la Presidenta transitoria, quien se comprometió a pacificar el país, convocar a elecciones, así como “destapar las ollas de corrupción del gobierno pasado”, además de luchar contra el “abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político”, conforme a su discurso del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.

No obstante, a esa fecha ya se habían registrado dos denuncias de coacción y tráfico de influencias en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y el Ministerio de la Presidencia.

“Veo necesario aclarar que como Viceministro de Políticas Comunicacionales me negué a viabilizar consultorías internacionales comunicacionales, así como el inhumano despido masivo de mi personal. Coaccionado con bajezas, el Min. de Presidencia (Jerjes Justiniano) solicitó mi renuncia”, escribió Danilo Romano en su cuenta de Twitter, el 28 de noviembre.

Romano fue posesionado el 21 de noviembre de 2019 por la entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga y renunció al cargo una semana después.

Tras la denuncia del exviceministro de Políticas Comunicacionales se sumó otra en contra de Jerjes Justiniano, esta vez por injerencia en el caso “La manada” ocurrido el año pasado en Santa Cruz.

Fue la fiscal Nancy Carrasco la que denunció injerencia, tráfico de influencias por parte de esta autoridad e inclusive amenazas de muerte por parte de la abogada Iris Justiniano. Esta situación provocó la destitución de Jerjes Justiniano y el inmediato nombramiento de Yerko Núñez como nuevo ministro de la Presidencia, el 3 de diciembre.

De igual manera, el 17 de enero de 2020 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaba la primera aprehensión de un funcionario del Ministerio de Minería y Metalurgia por cobrar dinero a cambio de cargos laborales en esa entidad estatal.

El acusado por delitos de uso indebido de influencias y concusión fue identificado como asesor de despacho, según el reporte policial.

PRESIÓN. Corría enero cuando el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, decide destituir a Juan Carlos Zuleta del cargo de presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) para posesionar en su reemplazo al economista potosino Gunnar Valda Vargas.

Zuleta asumió el 8 de enero y días antes de cumplir un mes en el cargo fue reemplazado en una situación que fue observada y denunciada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), al señalar que la destitución obedece a una “presión” del Gobierno de Alemania para retomar la alianza con la estatal YLB y ACI Systems (ACISA) para continuar con el contrato para industrializar el litio del salar de Uyuni.

El pago de dos facturas de Bs 36.440 y Bs 18.712 por concepto de hospedaje y consumo extra en un hotel de cinco estrellas de la zona Sur de La Paz, además de un auspició por $us 160.000 a un piloto de carreras de autos y la cancelación de finiquitos por Bs 868.998 a 13 funcionarios, fueron algunos hechos irregulares que ocasionaron el 7 de febrero la destitución de Elio Montes Chávez de la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), después de 82 días de ejercer el cargo.

Las denuncias salieron a la luz el 12 de febrero, demostrando irregularidades, y al día siguiente Montes abandonó el país en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), luego de escribir en su cuenta de Twitter que actuó en el marco de la ley y que fue víctima de acoso laboral.

Después de ese escándalo, casos de cobros irregulares por cargos y comisiones de publicidad se descubren en tres ministerios.

El 19 de febrero se conoce la denuncia del dueño de la empresa Vajillera y de Eventos Claris, Martín Cerruto, presentada en contra de la ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, por supuestos cobros irregulares de parte del responsable de los procesos de contratación de esa cartera, quien habría solicitado el 10% del monto total del contrato (Bs 152.250) para que se le desembolse el pago y además se le adjudique otros contratos. Frente a ello, el Ministerio de Culturas mediante un comunicado anunció la destitución del citado funcionario, proceso administrativo y sanción que corresponda.

Un día después de este caso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a un director y un jefe de unidad del Ministerio de Comunicación, sindicados de pedir el 10% de comisión por adjudicación de publicidad en medios de comunicación escritos.

Cuando apenas se conocía las repercusiones de este hecho, la viceministra de Educación Alternativa y Especial, del Ministerio de Educación, Yola Nery Mamani Callisaya, fue aprehendida por la Policía, el 21 de enero, luego de ser denunciada por cobros irregulares de dinero, uso indebido de influencias y concusión, luego de que se difundiera un video en el que supuestamente vendía cargos en esa cartera de Estado.

Tras una serie de críticas a la administración de BoA, por parte de legisladores e inclusive trabajadores y pilotos de la empresa, el gerente general, Juan Carlos Ossio, el 9 de marzo es destituido del cargo, que se negaba a dejar.

Días antes los trabajadores de BoA denunciaron cifras rojas en la empresa como resultado de los malos manejos realizados desde la gerencia, sobre todo por reducir la frecuencia de viajes y la eliminación de rutas o destinos aéreos.

El 7 de mayo, en medio de críticas por llevar contrataciones directas de emergencia, fue destituido Herland Soliz del cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las denuncias se concentran en presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de combustible, alimentos y seguros.

Ante ello, el Ministerio de Hidrocarburos anunció una investigación de los contratos de compra de combustibles, seguros y alimentos para establecer la existencia de irregularidades.

El antecesor de Soliz fue José Luis Rivero, quien permaneció 29 días en el cargo hasta que declaró que YPFB estaba en “quiebra”.

El uso indebido de bienes del Estado también aparece en la lista de casos identificados por este medio, al conocerse que los ministros de Gobierno y de la Presidencia, Arturo Murillo y Yerko Núñez, reconocieron que personas particulares abordaron aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para fines no oficiales. Hablamos del hijo de una amiga de la presidenta Áñez y de una modelo beniana.

Murillo admitió que Mauricio Raña (hijo de la diputada Ginna María Tórrez) utilizó la avioneta para “acompañar a su madre”, que tiene dificultades para caminar y debía llegar a una sesión en La Paz.

Núñez también reconoció que una exreina de belleza viajó en un “vuelo solidario” desde Santa Rosa hasta la ciudad de La Paz por su “delicado estado de salud”.

Tras renunciar a su cargo, el 8 de mayo, el exministro de Minería Carlos Huallpa denuncia imposición de cargos y negociados en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El 11 de mayo también se conoce de la renuncia de dos viceministros, que dependían del Ministerio de Defensa, debido a denuncias sobre presuntos cargos de corrupción relacionados con irregularidades en la adquisición de equipos para luchar contra el COVID-19 y a pagos personales, según una nota publicada en la web defensa.com del Grupo EDEFA SA de España.