El abogado de Leyes, Humberto Trigo, explicó que esto es factible debido a que  el viernes la Sala Penal Tercera levantó los riesgos procesales. En esa fecha, el tribunal determinó que la autoridad edil no presenta peligro de fuga, porque todos sus viajes los hizo antes de la denuncia. Sin embargo, no levantó las medidas.

“Es una petición normal de modificación cuando las circunstancias han cambiado, en este caso hay un fallo de la corte superior. Es un procedimiento normal que se da cuando sucede el levantamiento de los riesgos procesales, se levantó el viernes”, dijo Trigo.

Explicó que la solicitud es posible, tal como sucede en el caso del alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, que fue sentenciado en febrero a tres años y seis meses de cárcel por el supuesto delito de falsificación de su libreta militar.

Trigo cree que su cliente puede hacer lo mismo, ejercer su derecho al trabajo con algunas restricciones, como acercarse a las oficinas de Desarrollo Humano. En cambio, el arraigo y la fianza de 200 mil bolivianos se mantienen. “De hecho ya se ha pagado la fianza”, dijo.

La solicitud de modificación será presentada por la defensa de Leyes hoy a las 17:00. Esto se debe a que todavía no les entregaron el acta.

“Nosotros vamos a hacer el pedido, pero no nos han entregado el acta de la audiencia, con ello recién se puede introducir la solicitud. Estaremos haciendo el pedido desde de las 17:00. La petición debe responderse en 24 horas, por lo que el miércoles ya se conocería si fue aceptada o rechazada”, explicó el abogado.

El fiscal asignado al caso, Erick Aparicio, indicó ayer en audiencia que todos los implicados en el caso deben ser detenidos preventivamente debido a que pueden obstaculizar la investigación, como pasó con la resolución de contrato con la empresa 26 de Febrero,  que fue  sorpresiva. Indicó que se resolvió el convenio por motivos de fuerza mayor lo cual no corresponde, porque la razón es indicios de corrupción.

Cuando se ratificó la detención domiciliaria, con restricción de acercarse a la Alcaldía, el Concejo Municipal eligió a la concejala Karen Suárez como alcaldesa interina.

La nueva Alcaldesa indicó que  en su gestión priorizará las obras que deben entregarse para los Juegos Suramericanos 2018.

DATOS

Caso Mochilas I. La denuncia fue realizada hace un mes por la concejal Rocío Molina, quien presentó las facturas de compra del material escolar en China el 16 de agosto y de las mochilas a inicios de noviembre de 2017 por la Asociación Accidental 26 de Febrero. La licitación se publicó el 28 de noviembre de 2017.

Delitos. Según la imputación, el alcalde José María Leyes es procesado por cinco delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Antecedentes. El Alcalde fue aprehendido el viernes 20 de abril, cuando debía declarar por el caso mochilas. Al día siguiente, se realizó la audiencia de medidas cautelares, en la que el juez determinó detención domiciliaria, arraigo, fianza de 200.000 bolivianos, no acercarse a la Alcaldía ni hablar con ningún funcionario. La apelación a esa determinación se realizó el 4 de mayo, fecha en que la medida fue ratificada.
Hay  orden de aprehensión para los dueños de la empresa 26 de Febrero.

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA 26 DE FEBRERO FUE DETENIDO PREVENTIVAMENTE

El representante legal de la Asociación 26 de Febrero, Néstor García Maygua (61), fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián varones. Está  siendo investigado por los delitos de firma de contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado por la venta de mochilas chinas al municipio.

García Maygua no pudo acreditar domicilio y trabajo, por lo que el juez de turno de Sacaba dispuso su detención preventiva.

El fiscal Erick Aparicio señaló que el acusado estaba a cargo de realizar los procedimientos de la licitación y conocía todos los pasos. “Él estaba penalmente consiente de lo que hacía”, dijo en la audiencia.  

El  abogado de García, Luis Fernando Santiváñez, indicó que su cliente no puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, porque en sus cuentas bancarias sólo tiene 500 bolivianos y por el contrario debe al banco. “Mi cliente es una persona de escasos recursos. Morales abusó de la buena fe de su amigo”, manifestó.

Dijo que apelarán la determinación de la detención preventiva, la cual considera injusta. “Mi cliente tiene 61 años, quién le va a dar trabajo, vive en un anticrético pero el dueño no nos ha dado documentos que avalen esto por temor”, explicó.

El acusado debía presentarse a declarar el 29 de abril en la Fiscalía Anticorrupción, pero no lo hizo a solicitud de Morales.