Gonzalo Pérez Bejar / Bolivia Digital

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no definió la fecha de las elecciones generales, pero los vocales en Sala Plena trabajan en readecuar el presupuesto de esos comicios.

Esta aclaración fue emitida en medio de un clima de opinión marcado por versiones emitidas por usuarios de redes sociales, quienes señalaron que el día de los comicios se había fijado para el 2 de agosto.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral no ha definido la fecha de reanudación del calendario electoral ni de la jornada de votación de las elecciones generales 2020”, se lee en el comunicado que divulgó este domingo este organismo estatal.

En cuanto a la readecuación del presupuesto, el TSE solicitará recursos “para completar todas las tareas preparatorias de la elección, así como de las medidas de seguridad para precautelar la salud pública en todas las actividades, en particular de capacitación a los jurados y en el día mismo de la elección”.

Controversia

La fecha de las elecciones derivó en una controversia luego de que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, promulgara la Ley 1297 de Postergación de Elecciones, que en su artículo 2 da un plazo de 90 días al Órgano Electoral para la realización de los comicios.

El presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, el 11 de mayo afirmó: “Hay una ley que establece que las elecciones generales se deben realizar entre junio y agosto. De ese modo, el TSE se basará en lo que establece la norma. Si hubiera alguna situación —por el coronavirus— que amenace el ejercicio de los comicios, le corresponde al Parlamento definir si las fechas se mantienen o se amplía el plazo”.

La medida de postergación fue tomada tras haberse decretado una cuarentena total y emergencia sanitaria en todo el territorio nacional el 22 de marzo. Ante ese panorama, la Sala Plena del TSE planteó un rango de fechas para celebrar la votación entre el 7 de junio y el 6 de septiembre.

Ante ese escenario, la senadora Carmen Eva Gonzales (UD) presentó el 5 de mayo en Sucre un recurso de inconstitucionalidad abstracto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para impugnar esa ley, mientras que su correligionario Óscar Ortiz (UD) presentó otro recurso de inconstitucionalidad y uno de nulidad, también ante el TCP, contra esa misma Ley.