CIERRE A CARROS BASUREROS El primer altercado surgió cuando los movilizados impidieron el ingreso de los carros de basura al botadero. La medida asumida el lunes se mantiene hasta ahora generando acumulación desmedida de desechos en todas las calles de la ciudad; hasta el momento, se contabilizan más de tres mil toneladas. 

Cada día, el municipio genera alrededor de 550 toneladas de desechos, debido a esto, cuando se interrumpe el recojo, se produce un desborde masivo en las avenidas y mercados. 

Rápidamente, Cochabamba se convirtió en un basural en medio de la crisis sanitaria mundial del coronavirus COVID-19 que también azota al país. Por el momento, no existe una solución al problema.

EXPULSIÓN A PERIODISTAS Por otro lado, el martes, periodistas que cubrían los conflictos en el sector fueron amedrentados y expulsados del lugar en medio de piedras e insultos, a la altura del kilómetro seis de la avenida Petrolera. Según relataron los comunicadores sociales, los bloqueadores les gritaron que no querían la presencia de los medios y los “corretearon”, por lo que tuvieron que salir de la zona para resguardar su integridad física. A mediodía, el equipo de prensa del canal de televisión Red Uno fue agredido. La periodista Daniela Rojas denunció que le quitaron los lentes de protección y la zarandearon. El vehículo de la unidad móvil también sufrió varios daños, luego de que les arrojaron piedras y palos. 

ATAQUE A MÉDICOS Y AMBULANCIA Otro de los incidentes que marcó la movilización fue el ataque a médicos y enfermeras cuando apedrearon una ambulancia que se dirigía a la zona. Debido a esto, el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, pidió al Servicio Departamental de Salud (SEDES) el repliegue inmediato del personal de salud que fue agredido por los bloqueadores en K’ara K’ara. 

Entre los puntos cerrados están la avenida Petrolera y Panamericana que conectan con el Valle Alto, por lo tanto, el personal tampoco puede llegar a otros municipios.

El viernes, intentaron acceder por vías alternas, pero no tuvieron éxito, lo que ocasionó un trabajo irregular. 

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIIRMES), Carlos Nava, explicó que están a la espera de que las autoridades firmen un acuerdo de diálogo para garantizar la presencia del personal, caso contrario, anunció que pedirán que el resto que continúa trabajando en otras provincias también se retire. 

“Dimos un plazo hasta el viernes, pero no llegaron a ningún acuerdo. Nosotros vamos a esperar la respuesta del director del SEDES para replegar a los colegas del resto del departamento. No podemos trabajar en esas condiciones de hostigamiento, arbitrariedad. Prácticamente, una conducta salvaje. Nosotros hacemos una labor humanitaria trabajando en condiciones adversas, no tenemos transporte y encima las ambulancias son apedreadas”, indicó. 

En tanto, los casos de coronavirus en el departamento se incrementan. Ayer, Punata, Arani, Tarata, Cliza, San Benito, Villa Rivero y Carcaje son algunos de los municipios que corren el riesgo de quedarse sin personal médico en sus centros de salud respectivos. “En el Valle Alto, por lo menos, tenemos unos 400 colegas que trabajan. Es una población grande”, explicó Nava. 

Al mismo tiempo, aseguró que su sector debe llevar toda la carga de la emergencia sanitaria y este tipo de acciones solo perjudican su labor. Instó a que las autoridades agilicen el diálogo para darle una salida al conflicto que genera diversos problemas sociales. Caso contrario, el lunes tomarán una decisión en relación a la situación del sector. 

Después del incidente en K’ara K’ara, el presidente de Colegio Médico repudió las acciones de los bloqueadores. “No existen las garantías necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades en esos lugares (…). Estas personas que impiden el paso de las ambulancias y agreden a los médicos, principalmente, están atentando contra la salud pública”, dijo Fernández.

PROHIBEN EL AGUA Finalmente, uno de los elementos que avivó los reclamos en contra de estas movilizaciones a la altura del relleno sanitario, fue la prohibición del paso de las cisternas que transportan agua.  

Los bloqueadores impidieron el paso de los carros cisternas y exigieron que el agua sea vaciado al piso antes de permitir que llegue hasta la gente. 

El presidente del Distrito 8 del municipio de Cochabamba, Juan Montaño, aseguró que las movilizaciones son “autoconvocadas” y que ellos no están participando de ningún bloqueo. “No es una convocatorio orgánica, nosotros estamos respetando la cuarentena. Esta situación nos preocupa mucho. La gente está sufriendo por la falta de agua”, afirmó. 

Al pasar los días, los pobladores del sector se quedaron sin agua, ya que solo pueden acumular el líquido en turriles porque no hay servicio potable en la zona. Debido a esto, amenazaron con desbloquear las calles.

Los carros cisternas que intentaron pasar por las vías cerradas fueron apedreadas. Incluso, denunciaron que les cobraron hasta 100 bolivianos para poder pasar. 

“Les pedimos que dejen pasar a las cisternas, porque algunos vecinos están desesperados y los van a obligar a salir a las calles. Dicen que si no dejan pasar agua, van a bajar a desbloquear. Eso es lo que no queremos como dirigentes, enfrentamientos entre hermanos. Nosotros ya fuimos rebasados”, aseguró Montaño.

A raíz de las peticiones de los vecinos, ayer se realizó una reunión de emergencia entre los presidentes de algunos distritos de la zona sur, los aguateros del sindicato Cordillera y Manantial Tunari, y dirigentes de los bloqueadores. Después de algunas horas, llegaron a un acuerdo para dejar pasar las cisternas. 

“Sí hubo muchos problemas con los carros porque nos apedrearon, pero ya se logró un acuerdo con las dirigencias de las OTB y ahora comenzaremos a repartir en toda la zona sur”, afirmó Antonio Badani, miembro de los aguateros. 

En la socialización solo se trató el tema del agua. Sin embargo, aún no se tiene una solución a los otros problemas. 

“Fuimos agredidos física y verbalmente, rompieron los parabrisas y los laterales de los carros. Por eso nos replegamos. Ahora, los dirigentes se comprometieron a resguardar los vehículos, que no tengan ningún problema”, explicó. 

Alrededor de 20 motorizados fueron afectados los días anteriores.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de Cochabamba, Pedro Luna, aseguró que participaron como mediadores de la reunión entre dirigentes de K’ara K’ara y aguateros, ya que la población “no tenía ni una gota de agua, estaban llorando”. 

“Nosotros les pedimos que dejen de ser inhumanos, que repartan de una vez el agua. Ahora ya están repartiendo en todo los barrios. Que no sean intransigentes con el tema del agua ni los insumos de primera necesidad”, afirmó. 

También, aseguró que si la acción continúa, pedirán la intervención de la Policía y el Ejército. Incluso, denunció que las personas que están bloqueando no son del sector.

“No pueden hacer un bloqueo justo en una emergencia sanitaria. Si quieren, pueden hacerlo después. Si este Gobierno va a seguir cometiendo errores, nosotros también nos vamos a sumar. Pero ahora no es el momento. Están atentando la salud de ellos mismos y sus familiares. Esperemos que no hayan contagios”, dijo Luna. 

A su vez, pidió que, desde la Alcaldía, subvencionen el costo del líquido elemento en los sectores donde no hay agua potable. La idea es que la repartición sea totalmente gratuita. 

Sobre el tema, el concejal Edwin Jiménez aseguró que están trabajando en una ley municipal que apruebe la distribución en las zonas que no cuenten con agua potable. “En esta ley, el Alcalde podrá suscribir contratos con Semapa u otra empresa según corresponda. Le hemos dado cinco días para que reglamente esta ley desde su notificación”, aseveró. 

Además, aclaró que se tiene que ver el reajuste presupuestario en caso de que se apruebe. 

Después del fracaso en el intento de llegar a un acuerdo entre la Gobernación, la Alcaldía de Cochabamba y los dirigentes del sector, los movilizados retornaron a los puntos estratégicos de la zona sur y continuaron con las medidas. 

En la mesa de diálogo, los bloqueadores decidieron no firmar el acuerdo de 10 puntos exigiendo la presencia de autoridades nacionales, como los ministros de Gobierno, Presidencia y Trabajo. Ante esta situación, tanto el alcalde José María Leyes y la gobernadora Esther Soria expresaron que las peticiones escapan de sus manos y que ahora le corresponde al Gobierno central tomar las riendas. 

Los manifestantes argumentan que las protestas se deben a la ampliación de la cuarentena por el coronavirus, mientras que el Gobierno asegura que hay móviles políticos en la medida.