El abogado alegó persecución y procesamiento indebido a su defendido, situación que, dijo, pondría en riesgo su libertad, y pidió que la autoridad no sea aprehendida y que no declare por los hechos que se le imputan.
Jiménez, uno de los tres concejales que presentó denuncia, indicó que los decretos supremos 0181, de Normas Básicas de Adquisición de Bienes y Servicios Públicos, y el 1493 que contiene un reglamento específico han sido incumplidos en el procedimiento para la contratación por 488 mil bolivianos del restaurante Bunker & Grill porque ambos estatutos señalan que el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) es un requisito obligatorio (artículo 3 del DS 1493). Los artículos 9, 17 y 18 del reglamento aseguran que el RUPE es algo indispensable; según la explicación del concejal.
“Sí o sí se debe presentar este documento porque tiene información sobre la historia y experticia de las empresas en todos los rubros. Ahí mismo está registrado si está todo en orden o existen deudas pendientes, incumplimiento de contratos pasados y otros. Para la contratación de empresas por casos de desastre y emergencias, la presentación del carnet de identidad y el RUPE es algo obligatorio; eso lo establece claramente la norma.”, acotó la autoridad.
Otra irregularidad que señala Jiménez tiene que ver con los pasos y plazos que se ejecutaron para esta contratación. “Todo el proceso se realizó en un solo día. El mismo 16 de abril, jornada en que salió el decreto, se hizo el contrato en unas cuantas horas y luego fue firmado, cuando el artículo 18 del reglamento del RUPE  establece al menos unos 15 o 16 pasos para dar suscripción de la contratación y la orden de compra”.
 

RECURSO DE LEYES
La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, en La Paz, se pronunció sobre el recurso de Leyes y le denegó la acción de libertad presentada por la defensa del alcalde  José María Leyes Justiniano  investigado por la presunta contratación irregular de una empresa que dotó de raciones de alimentos a policías y militares por 15 días en la cuarentena.
Argumentando persecución y procesamiento indebido del Alcalde de Cochabamba situación que pondría en riesgo su libertad, el abogado del Alcalde, Jorge Valda, presentó acción de libertad el Sala Constitucional. El recurso fue presentado el 15 de mayo y la audiencia estaba prevista para ayer viernes. Hoy la Fiscal de Materia de Cochabamba, Faridy Arnez, informó que el recurso de la defensa de la autoridad municipal fue denegada y los argumentados presentados fueron desvirtuados.
 “La defensa del denunciado formuló la acción de libertad ante el Tribunal de Garantías de la ciudad de La Paz en contra de los fiscales de la comisión que lleva adelante este caso y contra la juez que ejerce el control jurisdiccional, alegando que supuestamente se vulneró su derecho a la defensa y que él cuenta con un solo abogado que está en La Paz. Además, que se le habría negado el acceso al cuaderno de investigación, a conocer la denuncia y a todos los elementos que se obtuvieron durante la investigación y que la misma era ilegal porque no existía control jurisdiccional”, informó la Fiscal de Materia, Faridy Arnez.
Hoy, en un boletín de prensa del Ministerio Público señala: “En la audiencia, la comisión de fiscales desvirtuó los argumentos presentados por Leyes ante Tribunal de Garantías y se demostró que esta persona no se encuentra en situación de indefensión puesto que tiene abogados tanto en la ciudad de Cochabamba como en La Paz y que efectivamente se cuenta con un juez que ejerce el control de la investigación de este caso”.
Según los antecedentes, el alcalde Leyes y otros tres funcionarios municipales fueron denunciados el pasado 27 de abril por tres concejales del municipio de Cochabamba por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de alimentos para la dotación de comida para policías y militares.
De acuerdo a publicaciones de prensa, Valda pidió que la autoridad edil no sea aprehendida y no declare por la presunta adjudicación irregular de la comida para los policías y militares.
La adjudicación de ese servicio fue entregada al dueño del restaurante Bunker Grill por 488 mil bolivianos. Los concejales Edwin Jiménez (UNICO), Carlos Coca (Demócratas) y Celima Torrico (MAS) denunciaron al alcalde por no presentar el Registro de Proveedores del Estado (RUPE) necesario para las adjudicaciones por la emergencia sanitaria, según lo que establece el reglamento que elaboró la propia Alcaldía.  
Leyes justificó la adjudicación señalando que la Ley de Emergencia dictada desde el Gobierno central no contempla el RUPE porque siendo una emergencia, las compras deben realizarse de manera rápida.