No obstante, era absurdo que el nuevo Gobierno no asumiera responsabilidades para establecer la tranquilidad y convocara a nuevas elecciones. Para eso hubo que prorrogar el mandato presidencial de la señora Áñez, hasta que se posesionara un nuevo jefe de Estado. Para que se llevara a cabo esa prórroga, se recurrió al Tribunal Constitucional, acordándose, sin ningún sentido, que también se extendiera la gestión de los parlamentarios, lo que fue una debilidad que no la esperaban ni los propios masistas. A quienes observábamos nos pareció como una compensación del flamante Gobierno a la senadora Copa, para que no pusiera piedras en el camino.

A la presidente había que prorrogarle el mandato con toda lógica, porque alguien tenía que gobernar. El país no podía quedarse a la deriva, descabezado. ¿Pero por qué a quienes habían concluido con su legislatura se les permitió extender su gestión? ¿Qué legitimidad tienen hoy los parlamentarios elegidos el 2014 para que continúen en sus cargos? La mandataria era absolutamente necesaria y legal, ¿pero por qué esos senadores y diputados? ¿Quiere decir que, si las elecciones se realizaran a fin de año o a comienzos del próximo, como puede suceder dependiendo de la peste china, seguiremos teniendo a esos legisladores ganando sueldos y viáticos y lanzando misiles contra el Gobierno vía teleconferencias?

Aquí no se trata de que la presidente hubiera querido aferrarse al poder. Aunque, por supuesto, muchos se sorprendieron de mala manera con el anuncio de su candidatura presidencial. Eso es muy cierto, porque la ciudadanía esperaba que la mandataria solamente presidiera los comicios y se retirara del escenario. Sin embargo, la política es imprevisible, es tentadora, y más todavía cuando existe un entorno que presiona y ambiciona, como al parecer ha sucedido en la presente circunstancia.

Sea como sea, guste o no guste, la prueba de que la señora Áñez quería democratizar al país, está en que convocó a elecciones para el 3 de mayo pasado. Es decir que, siendo candidata o no, Bolivia iba hacia unos comicios en los que participarían todos los partidos que estuvieran habilitados, incluyendo al MAS, pese al malestar y rechazo que causaba en las personas como gran promotor del fraude, el derroche y el abuso. La votación no se pudo llevar a cabo, porque se presentó el coronavirus y todos debimos quedarnos encerrados en nuestras casas.

De ahí que no es comprensible lo dicho por Carlos Mesa, en sentido que un gobierno transitorio como el de la señora Áñez, no tiene por qué “estar haciendo cosas que no debe”, como tratar temas que abordan hidrocarburos, minería, transgénicos y otros muchos. Entonces, ¿quién se encarga de tomar medidas para aliviar el camino hacia el descalabro económico? Cierto que el Gobierno nació transitorio: primero, hasta el 22 de enero pasado; luego hasta después de las previstas elecciones del 3 de mayo; hoy, la Asamblea ha establecido una fecha para ir a las urnas hasta agosto; y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) define, como máximo para votar, hasta el último domingo de septiembre.

Pero esto no lo definirá ni la Asamblea ni el TSE, sino el humor de la peste china. Eso significa que el nuevo gobierno puede extenderse hasta fines de año o comienzos del próximo. Si es así, si la señora presidente permanece probablemente durante un año en el poder, su administración ya no es tan “transitoria”, porque su responsabilidad le exige definiciones, la obliga a adoptar medidas para que la nación no se paralice. Entonces ese carácter de “transitoriedad” desaparece forzado por las circunstancias y no se puede echar culpas al Gobierno de no querer irse.