En la fecha más emblemática de la centenaria lucha de los periodistas para defender el derecho constitucional a la libertad de pensamiento, la presidenta Jeanine Añez entrega un decreto de regalo. Un decreto que abre las compuertas feroces de la persecución contra cualquier persona que escriba, diga, dibuje, cuente, chismee cositas que el gobierno de transición considere “des- información”.

Añez y su equipo han iniciado en las últimas semanas un harakiri personal e institucional difícil de justificar. Algo que se agrava porque sus desaciertos no sólo los afectan en el aprecio ciudadano, sino que fomentan protestas con consecuencias inesperadas.

El gobierno de transición es legal como lo han confirmado diferentes interpretaciones constitucionales de alto nivel. Sin embargo, no tiene la legitimidad de su antecesor pues no llegó al poder por el apoyo popular sino por la sucesión prevista en la normativa. Fue una “lotería” y en los primeros días, los más difíciles, las actitudes, las palabras y sobre todo las decisiones de Añez lograron el respaldo de una buena mayoría boliviana.

También la forma en la cual encaró la pandemia y la crisis sanitaria inédita en Bolivia fue bien recibida por tres cuartas partes de los habitantes, como muestran encuestas y comentarios. Parecía que las medidas asumidas eran las correctas y tenían el objetivo de contener daños mayores.

Sin embargo, decisiones como la relacionada con los transgénicos sin consultas previas; el uso de aviones estatales para fines particulares; las fiestas privadas entre los privilegiados y el decreto mordaza muestran el lado perverso del régimen actual.

Me limitaré a comentar la orden de penalizar los (supuestos) excesos de periodistas, internautas, pintores, escritores, poetas, artistas, caricaturistas. En primer lugar, porque hay un desconocimiento de las convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificadas por Bolivia; de las constituciones desde 1826 a 2009; de la Ley de Imprenta; de la Declaración de Chapultepec; de los códigos de ética de la prensa boliviana; del trabajo del Consejo de Ética nacional; y de la larguísima resistencia de los periodistas a los abusos del poder.

Las propias normas apoyadas por las organizaciones de prensa prevén los límites a la libertad de prensa; alientan la responsabilidad; protegen el respeto al honor de las personas. Los periodistas lograron incluir en la CPE la auto regulación. Como pocos otros gremios, los periodistas insisten en la autocrítica y conocen sus debilidades. En decenas de seminarios o libros aparecen estas autocríticas. Cada medio de comunicación y cada reportero sabe que su futuro está cimentado principalmente en el grado de confianza que logra en la opinión pública.

También los directivos de las asociaciones de periodistas repiten decenas de veces que hay libertinaje, banalidad, falta de rigor en las fuentes y otras sombras en el quehacer diario. Así como también la prensa boliviana es portaestandarte en las luchas contra los excesos de los políticos, en los conflictos sociales o en crisis como la actual pandemia.
Ningún caso justifica la censura, las amenazas, la penalización. Ningún presunto delito de prensa tiene pena corporal. Mejor el desborde que la mordaza.

Me falta espacio para protestar por las amenazas contra los artistas, contra las expresiones culturales. Tendré otro momento para expresarme sobre ello. Por ahora, recordar que, quienes persiguen la libertad de pensamiento y de opinión, nunca ganan.