La presidenta Jeanine Áñez y sus ministros aprobaron en esta jornada un decreto que anula tres artículos de otras tantas normas que penalizaban informaciones contra la cuarentena decretada a finales del pasado marzo.

Estos tres decretos anteriores, incluido el que dispuso la cuarentena total por el coronavirus y otro reciente que fue ampliamente cuestionado, penalizaban la desinformación o la incitación a incumplir las restricciones impuestas para evitar el COVID-19.

El nuevo decreto fue aprobado «a efectos de continuar garantizando el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión», según se lee en el texto publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.

«A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa», escribió en Twitter el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

«Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia», agregó.

El Gobierno comunicó esta decisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las instancias internacionales que habían cuestionado esas normas, junto con Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, entre otras.

El decreto más criticado fue uno emitido la semana pasada que modificó un artículo del que decretó la cuarentena en marzo, para establecer medidas penales contra quienes «inciten al incumplimiento» o difundan información de «cualquier índole» que «ponga en riesgo o afecte a la salud pública», incluso mediante expresiones artísticas.

Asociaciones de periodistas y trabajadores de la prensa expresaron en los últimos días su rechazo a esa norma, al considerar que ponía en riesgo la libertad de expresión.

También se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó a las autoridades a modificar este decreto para «no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado».

El Gobierno de Áñez había asegurado que la norma no conlleva una persecución a los medios y se atiene a las normas del país y a tratados internacionales sobre libertad de información, sino que solo busca que no se genere tensión en ámbitos como las redes sociales en medio del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El decreto de la cuarentena en Bolivia ya había sido cuestionado incluso fuera del país, al considerar que amenazaba la libertad de expresión, pero la Procuraduría boliviana estableció que la norma era «plenamente compatible» con las leyes del Estado Constitucional de Derecho.

Bolivia registra 142 decesos y 3.148 casos de COVID-19, según datos oficiales.