Medio: El País
Fecha de la publicación: viernes 04 de mayo de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El viceministro no ha sido absuelto por un Tribunal, sino que la denuncia ha sido rechazada por un Funcionario del Ministerio Público. Las sentencias de cualquier tipo, aunque no se compartan, hay que respetarlas, pero las determinaciones fiscales son simplemente las decisiones del Gobierno aplicadas a través de sus operadores. Los Fiscales no son Ley pero hacen que esta se aplique o no.
El caso de la compra de computadoras del alcalde Carlos Brú, salvo que el propio Fiscal Departamental Carlos Oblitas enmiende la plana a su subordinado por dignidad institucional, va camino de la papelera a pesar de todos los datos recopilados y los antecedentes más recientes.
Al alcalde de Cochabamba José María Leyes está por perder el cargo por una compra de mochilas en China que se licitaron por 10 y costaron 3. En el caso de Carlos Brú las computadoras se licitaron por 38 y acabaron costando casi diez. Cada computadora fue importada por 280 dólares menos que lo que se estimó en la licitación. De 390 a 110. En Cochabamba tumba un Gobierno, en Yacuiba, seis años después, no pasa nada.
El caso de Carlos Brú, como el de Leyes, cuenta con documentación abundante. Facturas, Póliza de importación, Seguros del Banco Unión, etc. Desde 2014 se evidencia este tema que, sin embargo, no ha motivado interés alguno en la Fiscalía.
El propio Carlos Brú asumió las quejas y dijo que se “haría cargo” de las consecuencias del programa contrastándolo con la buena idea que era comprar una computadora a cada alumno. Como si las buenas ideas no tuvieran que cumplir las normas.
El sucesor al frente de la Alcaldía de Yacuiba, Ramiro Vallejos, que ya evitó un rechazo en 2015, volvió a reiterar el miércoles que la Unidad de Transparencia encontró indicios de responsabilidad y sobreprecio en la operación.
Sin embargo, la Fiscalía dijo primero estar a la espera de unas pericias, sin especificar mucho más, como si el caso se tratara de algo inmensamente complejo, y finalmente decidió que no había daño al Estado en la operación.
El mensaje es evidente: Cualquier Máxima Autoridad Ejecutiva puede elaborar un pliego y un Documento Base de Contratación sin el más mínimo de sentido de la realidad, con precios triplicados, colgarlo en la web del SICOES y permitir un supernegocio de una empresa y aquí no pasa nada. Aun aceptando que la empresa adjudicataria, Yupana, se benefició lícitamente de la incompetencia de un gabinete y que no hay ningún tipo de acuerdo por la espalda. ¿Es posible que nadie asuma la responsabilidad de haber dilapidado más de 25 millones de bolivianos? ¿En qué queda la responsabilidad, los deberes, el juramento de la buena administración?
Las similitudes entre el caso que está por apartar de la Alcaldía a José María Leyes y el denunciado en 2014 contra Carlos Brú son tantas que no se entiende la decisión diferente, pues deja en evidencia la diferente vara de medir los casos para unos y para otros.
Leyes era un joven opositor con aspiraciones, Brú es un todoterreno, converso múltiple, que ha sabido acomodarse al poder en los diferentes Gobiernos. Desde que comenzó con cargos menores pero relevantes en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no ha parado de crecer. Con la irrupción del MAS se refugió en PODEMOS y después fundó el PAN con Wilman Cardozo desde donde representó el sector más reticente al nuevo orden. Tras impulsar la autonomía regional jugó fichas para cobrarse la venganza chaqueña con Mario Cossío en 2010 y finalmente se acomodó en el MAS a medida que se incrementaban las regalías y los problemas, como este de las computadoras. Tras fracasar en la reelección en 2015, el propio Evo Morales en persona le dio poder ejecutivo en el Chaco y después lo nombró viceministro. Comparten incluso selfies al volante. Los favores siguen sumando.