La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, dio a conocer que el gobierno central decidió derogar el decreto 4231 que disponía que las personas que difundan información, en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo la salud pública, generando incertidumbre en la población, serían sujetos a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.