El contexto socioeconómico de Potosí en las décadas 80 y 90 tenía los indicadores más bajos en relación a ingresos económicos e inversión, los más altos en términos de mortalidad infantil, analfabetismo, migración y otros.  Potosí era el epicentro de la crisis debido al cierre de la producción minera nacionalizada, al extremo de que las regalías mineras no pasaban de 3 millones de dólares por año,  en el quinquenio 1989-1994.

El gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), en el marco de su Nueva Política Económica, invita de manera directa a la empresa norteamericana FMC Lithco para firmar un contrato de explotación del litio del Salar de Uyuni, contrato que el gobierno de Jaime Paz Zamora da continuidad en las negociaciones, y envía para su consideración al Poder Legislativo y al Comité Cívico Potosinista, que se opusieron tenazmente.

Extrañamente, la bancada del MNR, que fue impulsor de la invitación directa, exigía que el proyecto debía licitarse nacional e internacionalmente. El 4 de mayo de 1990, Jaime Paz manifestaba: “Muy a pesar mío anulo la invitación directa a la firma FMC Lithco”. Luego del proceso de licitación, se adjudica el proyecto la Lithco, firmándose el contrato con el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu) en el Salar, en una mesa de sal, con presencia del presidente Jaime Paz.

Tanto el contrato anulado, como el firmado en el gobierno de Jaime Paz y la Lithco no difieren notablemente; por el contrario, otorgaba más ventajas a Bolivia, con un beneficio del 56% de la participación económica. Las partes acordaron que el proyecto entraría en continuidad sí el estudio de factibilidad así lo permitiera.

EL 8 de septiembre de 1992 se promulga la Ley 1344 que aprueba el contrato de riesgo compartido entre la Lithco y el Ciresu, con la enmienda de elevar el IVA del 10 al 13%, aspecto que no acepta la Lithco, ya que el contrato firmado en la mesa de sal disponía un IVA del 10% y el 14 de enero de 1993 Lithco se retira de Bolivia.

A la luz del tiempo, este contrato habría significado para el país, primero, la transferencia tecnológica al  Ciresu y a la Universidad Tomas Frías; segundo, Bolivia habría sido el primer país productor de carbonato de litio; tercero, el precio del carbonato de litio en 1990 era abismalmente menor al precio actual.

De acuerdo a las clausulas del contrato, los subsiguientes gobiernos pudieron revisarlo por la variación de precios en el mercado internacional y por la aplicación masiva del litio en baterías para el sector automotriz, aspecto que no fue considerado en los años 90. Concluyendo que así, como se revisaron los contratos petroleros en 2006, también se podía revisar el contrato con la Lithco y, en situación extrema, se podía aplicar el Art. 8 transitorio de la CPE, que dispone la adecuación de todo contrato referido a recursos naturales.

El proyecto nacional de la explotación del gas, que comienza en el gobierno de Paz Zamora y culmina con la inauguración del gasoducto a Brasil, en el  gobierno de Hugo Banzer, crea otro contexto socio económico en el nuevo milenio, a partir de 2006, totalmente diferente al decenio de los años 90, que permite obtener para Bolivia recursos económicos jamás vistos en la historia, accediendo el departamento de Potosí  a contar con más o menos 34 millones de dólares como pico el año 2014 por renta petrolera. Las regalías mineras, por ejemplo, en el año 2011, ascendían como pico a más de 130 millones de dólares.

Evo Morales, en la década de los 2000, disfruta la bonanza económica e inicia el proyecto en base al Art. 351 inc. I. de la CPE, que señala: “El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas…”.

Implementa el proyecto del Litio en tres fases: 1 fase: planta piloto para producir cloruro de potasio; 2 fase: plantas industriales de cloruro de potasio y una planta industrial de carbonato de litio, actualmente en construcción (CAMCE); 3 fase: planta piloto de baterías. Para la continuación de ésta tercera fase se aprobó el D.S. 3738 que crea la Empresa Pública Yacimientos de Litio Bolivianos  con la Empresa alemana ACISA con el objeto de realizar "... la producción industrial de Hidróxido de Litio, Litio Metálico y otras sales residuales”.

Habiéndose invertido más de 900 millones de dólares en el proyecto, en la fase final, que es la de producción de las sales y del litio metálico para la construcción de baterías, se dispone la participación de una empresa extranjera mediante un decreto, cuando lo que correspondía era licitar a empresas internacionales que pudiesen ofertar tecnología de construcción de baterías y el mercado para las mismas.  Correspondía a la Asamblea Legislativa, de acuerdo al Art. 158-12 de la CPE, que dispone “aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”.

El Comité Cívico Potosinista con una huelga general indefinida cuestionó el Decreto Supremo engañoso y no conveniente para el país y la región.

Está claro pese a haberse invertido grandes recursos económicos, el proyecto no ha podido llegar a su objetivo final, que es la construcción de baterías, su comercialización e ingreso al mercado.

Evo Morales y su gobierno permiten la participación de una empresa alemana sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, cuando paradójicamente en el pasado inició juicio de responsabilidades a ex dignatarios de Estado por no haber enviado contratos petroleros al Congreso de la República.

Han pasado 30 años y Potosí aún espera la ejecución de este proyecto.

Sergio Medinaceli Soza es periodista.