En todas las “democracias” del mundo resulta llamativa la relación que existe entre los diferentes gobiernos y los medios de comunicación. Por supuesto, todos los gobiernos afirman la libertad de prensa como un principio intocable de la democracia; pero en la práctica aprovechan los recursos económicos del país (ojo, los recursos son del país, no del gobierno) para manipular esa libertad. ¿Cómo lo hacen?

En días pasados se han publicado datos muy significativos sobre cómo el largo  gobierno del MAS lograba ese objetivo. ¿Cómo? Muy simple, comprándolos con dinero, y el mecanismo formal para lograr ese objetivo es pagando por publicidad gubernamental. 

Según esos datos (que ojalá fueran falsos), en los pasados años -2017-2019- diferentes instancias de gobierno de Evo Morales le pagaron al periódico La Razón más de 12 millones de bolivianos por publicidad. ¿Es de extrañar que ese medio mostrara con frecuencia la oreja oficialista? Más aún si en el mismo tiempo el gobierno destino 3,6 millones para el suplemento Extra (también de La Razón), a la vez que destinaba más de cuatro millones a La Estrella del Oriente, 4,5 millones al Periódico de Tarija, y entre 1,2 y 2,4 millones a otros 20 periódicos de bajo tiraje pero que mostraban posiciones oficialistas.

No se puede negar que los mecanismos para esta compra de una buena parte de la prensa son legales (por lo que vendría muy bien la promulgación de una ley o decreto que ponga límites a los gastos de publicidad gubernamental, tanto más cuanto que el presupuesto del Estado es totalmente insuficiente para rubros de mucha mayor importancia, como el rubro salud…). Pero la sociedad civil tiene todo el derecho de conocer esos datos y, por supuesto, el derecho de reclamar.

 Sería ilusorio pretender que todos los medios de comunicación sean totalmente independientes, pero sí se puede pedir que los gastos gubernamentales en comunicación, no sólo se reduzcan al mínimo, sino que además respondan proporcionalmente a la capacidad de difusión real de esos medios, y en las actuales circunstancias esos gastos deberían reducirse drásticamente, y limitarse a la información, huyendo de toda propaganda.

Este año 2020 tenemos otro gobierno —transitorio pero inevitablemente alargado por la pandemia del coronavirus— que acaba de promulgar varios decretos (muy concretamente el DS 4231, pero también el 4232) que van encaminados al extremo contrario, a controlar la información y a  la autorización del cultivo cada vez  más incontrolado de productos transgénicos.

Por supuesto, ya los gobiernos de Evo Morales autorizaron, junto al “desmonte” salvaje que produjo interminables incendios (ahí esetá la Chiquitanía), el cultivo de soya transgénica. Pero el actual gobierno transitorio está resultando todavía más destructivo al pretender penalizar la información relativa a ese tipo de cultivos (transgénicos), que parece se están autorizando a título de “seguridad y soberanía alimentaria”. 

¿Serán conscientes nuestros actuales gobernantes de que los cultivos transgénicos expresan todo lo contrario de soberanía alimentaria? Son claramente favorables para los grandes empresarios agropecuarios, que pueden darse el lujo de dejar sin cultivo las tierras dañadas por los transgénicos y desmontar nuevas tierras cada año, pero hunden la economía de los pequeños productores.

En los hechos cada vez son menos los medios de comunicación confiables, es decir, que no priorizan las ganancias publicitarias y hacen a un lado la información veraz, a cambio de contar ingresos por la vía de la publicidad (ya sea gubernamental o de origen privado). Pero sería importante que la sociedad civil  tuviera en cuenta ese diferente grado de confiabilidad informativa para no dejarse seducir por una información oficialista (y privatista) que resulta engañosa. Y en el momento político que vivimos no deja de haber tribunales de justicia a los cuales acudir para el caso de que alguna instancia de gobierno pretenda obligarles a guardar silencio. ¿O no?. 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.