En un hilo a través en Twitter, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reclamó la modificación del Decreto Supremo 4231 “para no criminalizar la libertad de expresión”.

“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, dice uno de los tuits del organismo de la ONU.

La presidenta Jeanine Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231, cuya “disposición adicional única” de una materia ajena a la norma en cuestión, fue duramente cuestionada por gremios de periodistas, instituciones de derechos humanos del país e internacionales, y los mismos periodistas.

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“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del decreto.

Análisis

En su primera reacción sobre el asunto, la OACNUDH en Bolivia recordó “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del #COVID-19, resulta excesiva”.

Además, destacó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, enfatizó que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberán alentar jun debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.

En su afán de defender la norma, el Ministerio de Comunicación justificó el martes las razones del Decreto 4231. Apeló al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).