La Paz, 13 may (ABI).- El diputado Gonzalo Barrientos (UD) denunció el miércoles que el MAS postergó el tratamiento en detalle del proyecto de ley que suspende el descuento del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los gobiernos subnacionales y las universidades públicas.

    "El MAS otra vez ha hecho una maniobra y un abusó de su rodillo parlamentario, y ha postergado el tratamiento en detalle del proyecto de ley que paraliza el descuento del 12% del IDH, hasta nuevo aviso, con argumentos que no vienen al caso", declaró Barrientos a la ABI.

    La postura se registró luego que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, en su estación en grande, pero no  detalle, en una sesión virtual y presencial, esta mañana.

    El legislador señaló que esta acción demuestra que el MAS busca perjudicar el desarrollo de los municipios y los departamentos e impedir "corregir una injusticia" asumida en la gestión del expresidente Evo Morales, que recortó los recursos del IDH a las entidades autónomas.

    El artículo 12 de la ley 767 de Promoción a la Inversión en Exploración y Exploración Hidrocarburífera, de 2015, establece que el fondo para ese fin se financiará con el 12% de los recursos provenientes del IDH, antes de que se distribuya a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios.

    El  proyecto de ley propone dejar sin efecto ese recorte y que las entidades autónomas destinen esos recursos para enfrentar la pandemia por el coronavirus y garantizar el abastecimiento de alimentos.

    La propuesta dispone que del total de los recursos, el 50% se destine a actividades de prevención, atención y contención del COVID-19, además de equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.

    También establece que el 25% irá a la provisión de alimentos para la población, en el marco de los programas de seguridad alimentaria, y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local, afectada por la cuarentena y la paralización de actividades económicas.

    En tanto, las universidades públicas deberán contribuir de forma directa con las actividades de prevención, atención y contención del virus, el equipamiento de hospitales universitarios y la adquisición de pruebas rápidas.