Sin embargo, llama la atención que mientras la mayoría expresa su agradecimiento, otros, felizmente pocos, los agreden verbal y físicamente; no les permiten desplazarse con libertad dentro del territorio nacional para que puedan estar en los centros de salud, cuidando a los que son víctimas del virus y a quienes padecen otro tipo de enfermedades.

Las agresiones a los profesionales en salud comenzaron a registrarse 24 horas antes de que entre en vigencia la cuarentena total para frenar la propagación del COVID -19. El 21 de marzo, una ambulancia que trasladaba personal de salud fue atacada en El Alto por un grupo de vecinos que protestaba contra el Gobierno transitorio. Ese acto fue condenado por las autoridades gubernamentales, pero nada más. Es necesario mencionar que las ambulancias y el desplazamiento del personal de salud es respetado hasta en las guerras, por lo que llama poderosamente la atención de que las personas que cometen ese tipo de delitos no sean investigadas y sancionadas.

Bolivia está viviendo tiempos muy difíciles y, ahora más que nunca, se necesita el compromiso y el apoyo de todos para vencer al coronavirus, que lamentablemente día que pasa se expande y suma más víctimas. Los médicos y enfermeras solos no lo van a lograr nada, más aún si en lugar de brindarles nuestro apoyo y respaldo, frenamos su desplazamiento y ponemos en riesgo su salud y la de los pacientes que esperan atención.

Pero, las agresiones continuaron. El 2 de mayo, nuevamente en El Alto, manifestantes que pedían elecciones apedrearon un Wayna Bus que trasportaba médicos que estaban atendiendo la emergencia del coronavirus. Igual, el caso quedó en la impunidad.

El martes, en Cochabamba, manifestantes de la zona sur de la ciudad agredieron a un grupo de salubristas que estaba a bordo de una ambulancia. Asimismo, impidieron el paso de un vehículo que llevaba personal de salud al Valle Alto.

Las reacciones de rechazo fueron inmediatas. El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, pidió al Servicio Departamental de Salud (SEDES) el repliegue del personal que trabaja en el centro de salud de K´ara K´ara y zonas aledañas, porque su vida está en riesgo. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo el mismo pedido a su similar de Salud, Marcelo Navajas, y anuncio una investigación.

Los hechos violentos no tienen justificación. Si hay personas o grupos que necesitan protestar o exigir una legítima demanda, no tienen que agredir a las personas o dañar el patrimonio que es de todos los bolivianos, como es el caso de las ambulancias; cualquier inconveniente o problema debe ser resuelto por la vía del diálogo. Ahora más que nunca, es necesario valorar el rol de los salubristas y colaborar en todo lo que se pueda, ya que su principal labor es cuidar de nuestra salud y vida.