Uno de los secretos mejor guardados por el gobierno de Evo Morales ha sido revelado en las últimas horas por el Ministerio de Comunicación: la lista de medios que recibieron cuantiosas sumas en publicidad/propaganda en esa gestión.

La actual ministra de Comunicación, Isabel Fernández, primero hizo conocer un listado de estaciones televisivas y ayer de medios impresos que fueron favorecidos por la pauta gubernamental en los últimos años. Las cifras reveladas corresponden únicamente a los tres últimos años de 14 que el gobierno del MAS dispuso de un millonario presupuesto –nunca antes visto- para publicidad en los medios de comunicación. 

Es curioso que haya tenido que ser un informe del Gobierno actual el que arroje luz sobre un tema que debió haber sido de conocimiento y acceso público, por tratarse de recursos del Estado. 

No hay nada demasiado revelador en los nombres de medios que aparecen en las listas mencionadas. Ya el periodista Raúl Peñaranda, en un libro que tituló Control Remoto, mencionó a varias cadenas de televisión y periódicos que eran privilegiados con cuantiosa pauta a cambio de una línea sino favorable, inocua; es decir, funcional a los intereses gubernamentales. Peñaranda los denominó medios “paraestatales” y, en medio de reclamos y polémicas, el término se adoptó para describir una práctica que consistía en excluir de los presupuestos publicitarios a cualquier medio que optara por una línea independiente y/o crítica con la gestión de Morales. 

Son esos medios “paraestatales” los que figuran en la lista publicada por el Ministerio, pero no sólo ellos. En el caso de los medios impresos, la novedad es que se enlista a una serie de publicaciones desconocidas, de escasa circulación y relevancia, que recibieron abultadas sumas.

Esto adquiere mayor importancia porque, como se sabe, la mayoría de los medios impresos independientes, que no se sometieron al gobierno del MAS, fueron marginados de estas operaciones. Es más, el Gobierno pasado no sólo relegó a los medios que no le eran afines, sino que boicoteó para que otros anunciantes privados no dieran respaldo publicitario, como una forma de asfixiarlos.

Uno de estos medios fue Página Siete, que nació en 2010, cuando la práctica del manejo discrecional de recursos estatales en propaganda empezaba a conocerse. Página Siete reclamó y denunció en numerosas ocasiones esta situación, pero nunca tuvo éxito porque eran pocos los medios que no hacían parte del hábil esquema gubernamental. Nuestro argumento fue que los recursos que el Gobierno invertía en propaganda (o información de la gestión, como ellos denominaban), debían ser democráticamente  repartidos entre todos los medios según su importancia. Nunca se logró un cambio y aprendimos a sobrevivir así, defendiendo el derecho y obligación del periodismo de fiscalizar al poder.

Los casos de los medios afines al Gobierno del MAS fueron tan obvios que saltaban a la vista, aunque nunca nadie aceptó tal situación. Con el fin del periodo del MAS, varios aspectos antes denunciados salieron a la luz y se fueron confirmando, uno de ellos son las listas que ahora comentamos.

Varias preguntas surgen de esta información, entre ellas, ¿por qué medios que recibieron recursos cuantiosos del Gobierno luego se sumieron en crisis que amenazan ahora su sostenibilidad?, ¿por qué estos recursos no se destinaron a consolidar estos medios y más bien los debilitaron?

Esas son preguntas que deberán responder los ejecutivos de estas casas periodísticas a sus trabajadores, pero no podemos pasar la página de ese pasado cuestionable sin hacer votos porque estas irregularidades o inequidades sean desterradas de la gestión pública. La tentación a controlar el contenido de los medios es muy grande, lo sabemos, pero es de esperar que a partir de estas ingratas experiencias se instituya la transparencia y la equidad en el manejo de los recursos que cada Gobierno destina a su imagen.