En la anterior edición de Animal Político, al revisar el calendario electoral que quedó en suspenso desde el 21 de marzo, se vio que en realidad el proceso electoral completo estaba previsto desde el 5 de enero (fecha de publicación de la convocatoria) hasta el 8 de julio (día en que se estimaba iban a ser posesionadas las nuevas autoridades electas). Seis meses que tomaban en cuenta la posibilidad de una segunda vuelta (lo más previsible, dada la correlación de fuerzas).

INDETERMINADO. De modo que dependiendo de cuándo finalmente se fije la fecha de la elección, el 2 de agosto, como pretende el Movimiento Al Socialismo (MAS) o hasta el último domingo de septiembre (como propuso el Tribunal Supremo Electoral), después de este día, tomando en cuenta que haya segunda vuelta (lo más probable), el proceso se extenderá hasta dos meses más; solo en este momento concluirá la gestión transitoria de la presidenta Áñez, o sea, en el peor de los casos, entre octubre y noviembre. Todo depende, como se dijo en la anterior entrega, del ritmo que tenga la pandemia, de cuándo se alcanzará el pico de casos positivos (la cantidad mayor), cuánto dura la denominada meseta (el llamado pico plano, varios días en la cima sin subir ni bajar grandemente en el número de infectados), y cuándo empezará a bajar la curva de casos. Según la Sociedad Científica de Bolivia, el referido pico se alcanzará a fines de mayo y principios de junio. Tal lo imprevisible del tiempo de duración del Gobierno transitorio.

En un breve repaso, se puede decir que obviamente son dos sus grandes momentos: desde el 12 de noviembre hasta mediados de marzo, y desde el 21 de marzo, fecha en que entró de lleno en vigencia la cuarentena total, que dura precisamente hasta hoy, 10 de mayo; desde mañana, como dijo el Gobierno, regirá la “cuarentena dinámica”.

Al margen del nacimiento traumático del gobierno de Áñez, pues se consolidó a costa de al menos 34 muertos por el conflicto social, si hay un rasgo característico de todo gobierno de transición, dice el politólogo Marcelo Silva, es su “debilidad endémica” porque “no tiene el respaldo, la aprobación y el voto popular para darle alguna fortaleza; no está amparado por el mandato directo de la soberanía de un pueblo”.

Tenía nada más tres cosas que hacer, apunta el politólogo: “llamar a elecciones, poner las pautas necesarias para una convivencia pacífica que lleve a ese proceso electoral, y, mantener de alguna manera el aparato estatal en funcionamiento”. En los cuatro meses antes de la cuarentena total, señala Silva, relativamente cumplió con la tarea.

Sin embargo, cuando desde distintos ámbitos políticos se empezó a cuestionar los giros de 180 grados que llevó adelante el gobierno de Áñez (los más notorios: la liberalización de la economía y el vuelco en las relaciones internacionales), todavía se encuentra en debate si lo que hizo le correspondía, dado su carácter transitorio.

Defiende lo hecho el vocero de Sol.bo (parte de la alianza Juntos, que postula a la presidencia a Áñez), José Luis Bedregal: “Estaba haciendo lo correcto, porque es un gobierno, si bien tiene una tarea específica, con un tiempo determinado, que es la transición propiamente dicha; pero en una transición nada se detiene, en este periodo continúa la economía, las relaciones internacionales, la salud, en fin, y un gobierno lo que tiene que hacer es gobernar”.

Para el politólogo Jorge Richter, en cambio, el gobierno de Áñez hay que entenderlo en una evolución declinante de la transición: “En noviembre de 2019, la gestión de la señora Áñez tenía un mandato, producto de tensos acuerdos, de convocar a elecciones dentro de lo que se conoce como gobierno de transición, lo cual se desfigura y tergiversa cuando el gobierno de transición se convierte en un proyecto político, que ya prescinde, en lo inmediato, de la intencionalidad de participar de un proceso electoral, y su construcción obedece a una lógica distinta, todo ello careciendo de una base social que le respalde, es decir, con ausencia de legitimidad suficiente”.

Con los cambios más notorios en la política exterior (de lo cual destaca un evidente acercamiento a Estados Unidos), “Bolivia ha girado de eje, muy rápidamente, antes de la pandemia”, ratifica Silva.

Pero la ruta hacia la liberalización de la economía, sobre todo, añade, ahora podría estar girando notablemente debido a la pandemia: “una figura más liberalizadora en el ámbito de la economía ya no creo que se pueda dar, creo que la pandemia más bien nos va a llevar de retorno de un Estado fuerte, de un Estado keynesiano, a una concentración mayor de recursos en el Estado”; no por nada la Presidenta anunció como respuesta a la crisis la creación de 600.000 empleos, pero como protagonista el Estado: “diría que las medidas de intervención del Estado, del ensanchamiento del Estado, van a ser todavía mucho más fuertes que en la gestión del MAS, esto en la función de establecer una reactivación económica”, augura.

AJENAS. Para Richter, volviendo al origen de la transición, la restitución de la institucionalidad democrática como fin único del gobierno de Áñez, lo que estaba haciendo antes de la crisis del coronavirus estaba “por fuera” de ese mandato, que le hizo daño al propio Gobierno. “Políticas respecto de la economía, de las relaciones exteriores y otras decisiones que ha ido asumiendo el Gobierno, quedan absolutamente por fuera y ajenas a la naturaleza misma de su mandato. Esto no fue oportuno y positivo para este Gobierno, porque lo que ha generado es una profundización de la polaridad que existe en Bolivia respecto de cómo asumir los distintos retos que enfrenta el Estado”; esta polaridad se percibe, por ejemplo, añade Richter, en la forma en que se está enfrentando la crisis pandémica.

Pero si hay un giro político central antes de la pandemia, también coinciden los analistas, es la candidatura de Jeanine Áñez a la presidencia.

Para Silva se trata de una auténtica ruptura: “El hecho de asumir una candidatura le quita completamente el espíritu, la concepción de ser un gobierno de transición; se convierte en juez y parte, y eso desvirtúa completamente el concepto de transición política, y puede minar muy seriamente su legitimidad”. Y es que para la gente queda asentado, afirma el politólogo, que “en el fondo este es un gobierno que quiere continuar, que quiere quedarse cinco años, que quiere manejar la cosa estatal por mucho más tiempo, y, por lo tanto, todas las medidas que tome ya están dentro del ojo de la tormenta”.

Bedregal, por su lado, descarta este carácter de juez y parte; el verdadero juez en el proceso electoral es, dice, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “El árbitro, el juez, del proceso electoral no es el Poder Ejecutivo, es el TSE, que felizmente goza de absoluta credibilidad en la casi totalidad de la población y entre todos los actores políticos”. Aparte de la idoneidad de su presidente (Salvador Romero Ballivián), el representante de Juntos recuerda que el organismo fue electo por la mayoría del MAS en la Asamblea, y que incluso varios tribunales departamentales tienen ese sesgo masista; por eso, dice, “no se podría de ninguna manera siquiera insinuar que existe algún tipo de posibilidad de influencia o control por parte del Poder Ejecutivo hacia el poder electoral”.

Ahora, en cuanto a la posibilidad del uso del aparato estatal en favor de la candidatura gubernamental, Bedregal defiende la voluntad de la Mandataria de no sacar ninguna ventaja política con el accionar estatal. Áñez hoy está, dice, en el lugar en que nadie querría estar, al mando de la lucha contra la pandemia, y cualquier error, por mínimo que fuera, “puede ser fatídico para una futura aspiración de carácter político. Lo concreto es que cuando se le pide a algún opositor señalar alguna acción que hubiera estado destinada a sacar ventaja en este escenario, es muy difícil que la pueda puntualizar, porque lo que está haciendo la Presidenta es privilegiar exclusivamente la tarea de gestionar la defensa de la salud de los bolivianos en esta crisis y no se le puede achacar ninguna acción de carácter electoral”.

Con la dramática expansión de la pandemia por coronavirus, continúa Bedregal, la transición “ha sufrido un redimensionamiento”: el Gobierno ha tenido que asumir “un cúmulo de nuevas responsabilidades” que ciertamente están más allá de su naturaleza transitoria, y lo hizo, asegura, “junto a su equipo, demostrando valentía, capacidad y don de oportunidad para tomar las decisiones que se tenían que tomar, tomando en cuenta las circunstancias, cuando los factores concurrentes son muchos”.

RÉMORA. Aun así, contradice Silva, el rol dirigente en la pandemia ha debido de asumirlo con el lastre de gobierno no nacido de las urnas. “Es un Gobierno que lleva consigo la responsabilidad de una pandemia, y esto toca la fibra de temas estructurales, y al parecer el Gobierno está dispuesto a darles algún tipo de solución sin el debido consenso social, político, económico que deben tener esas medidas; por tanto, su carácter de concertación, evocación, de reunión con los sectores sociales, políticos y económicos parece ser muy poco factible”.

Más, todavía, el COVID-19 y su gestión tienen un específico objetivo político, plantea el politólogo: “Desplazar a Carlos Mesa del escenario electoral, convertirse en la candidata no solamente capaz de no permitir el retorno de Evo Morales, sino también de mostrar algún tipo de liderazgo y determinación en las decisiones políticas. Por supuesto, esta expectativa que tendría Áñez, y que el COVID-19 de alguna manera le brinda como estructura de oportunidad, está en función de cómo se resuelve la crisis sanitaria, y los posteriores problemas económicos y sociales”. Un juego “muy, pero muy riesgoso”, del cual puede salir fortalecida o con un “amplio descrédito”.

Para Bedregal, en cambio, el Gobierno no ha olvidado su “tarea pendiente, de volver a la institucionalidad democrática”, pero el pueblo está consciente, afirma, “de que antes que eso la prioridad hoy es la defensa de la salud y la vida y comenzar a trabajar en volver a darle a la economía un escenario que permita su dinamización”.

En el punto de la candidatura de Áñez, Richter es enfático en llamar la atención sobre el hecho de que acaso más importante hoy día que las elecciones, en perspectiva sea el proceso de pacificación del país, y de eso no se está ocupando el Gobierno.

“Lo fundamental para los bolivianos, incluso por encima de las elecciones, es iniciar un proceso de pacificación. Actualmente Bolivia vive lo que se denomina un hecho político absoluto, una situación excepcional donde convergen tres crisis, la sanitaria, la política y la económica, y donde el Gobierno necesita, para poder enfrentar esto, liderazgo, legitimidad y legalidad, que son factores de los cuales carece el actual Gobierno por la naturaleza misma de su origen”. Una de las cosas que le impide ese liderazgo, señala el politólogo, precisamente ha sido la candidatura presidencial de Áñez. “La decisión de ser candidata es una postura crítica que poco le aporta al proceso de pacificación y también al procesos electoral, porque le resta transparencia, equilibrio y la equidistancia que debe tener la autoridad que comanda el proceso de transición”.