El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló que se están buscando las «mejores soluciones para garantizar la salud de los bolivianos en la jornada de votación», pero no dijo que «dicho pueblo no aceptará que haya dos diferentes elecciones para nacionales y subnacionales, estas, las dos, deben ser convocadas para una sola fecha, pues Bolivia necesita dinero para adquirir insumos de Bioseguridad para enfrentar el coronavirus», señalaron dirigentes de juntas vecinales de El Alto. Mientras tanto el tiempo avanza y a fin de mes se cumple los cinco años de mandato de gobernadores, alcaldes concejales.

Hay que tomar en cuenta que el artículo 4 de la Ley 1270 señala que «Excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas elegidas para el período 2015-2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades para el período 2020-2025».

Esto significa que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se supone es autónomo, independiente de otros Órganos del Estado, debe fijar una fecha para nacionales y subnacionales sin tener que recurrir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pues el soberano mandante, el pueblo, es quien decide sobre el tema y demostró su rechazo a que el TSE consulte para todo y para nada a la ALP.

En todo este tiempo, alcaldes, gobernadores, concejales, y asambleístas seguirán cobrando sus sueldos, pero tendrán cada vez mayor resistencia y observaciones a su labor debido a que su mandato esta por fenecer. «El TSE debe tener cuidado de no provocar al soberano mandante, al pueblo boliviano, que ya está cansado de politiquería, de designaciones a dedo y puede volver a ser artífice de un nuevo gobierno que no siga en componendas con el MAS», afirmo José Lucio Montero de la organización «Juntos» que sigue la línea del candidato a la presidencia Camacho.

«En el TSE el MAS (Copa-Choque) tiene a cuatro designados, la Presidenta Añez al Presidente Romero y los de la UD a un abogado que debería guiar por los causes de la legalidad a sus colegas», expresó Marina Estévez Garrón del Partido Demócrata Cristiano.