Se ha estado hablando de la idea una persona un voto, a propósito de la sensación de desequilibrio que tendría el sistema electoral boliviano respecto a que ese principio aritmético de la democracia no sería bien atendido porque, y es el argumento más repetido, las áreas rurales masistas serían las que tienen más peso que las áreas urbanas no masistas.

Sin embargo, antes de entrar en las argumentaciones, que van desde la denuncia de una senadora hasta la opinión pública general, conviene explicar un par de puntos de contexto normativo que dieron como resultado la actual distribución de escaños legislativos, en el sistema electoral vigente.

Hasta antes de la elección de 1997, teníamos una circunscripción nacional en la que se votaba para Presidente, y una departamental desde las que se distribuían los escaños de senadores y diputados. Luego vino una modificación, por Ley 1704 de 1996 (presidencia de Sánchez de Lozada), que incluyó a los puestos de presidente, senadores, y diputados plurinominales, la figura de los diputados uninominales; estos últimos eran electos mediante un diseño de mapas de circunscripciones uninominales que tenían que cumplir dos requisitos: no pasar el límite departamental y tomar en cuenta el criterio poblacional.

Como es usual, cada vez que se toca el asunto del sistema electoral, el diseño de las circunscripciones y cantidades de escaños, resurge el debate regional respecto a que se les debería dar más a algunos departamentos que crecieron en población respecto de otros que la perdieron, principalmente por los flujos migratorios, o que había que tener cuidado de no dejar sin representación a algunos departamentos que tienen una cantidad de gente más pequeña que algunas ciudades capitales de otros departamentos. Para eso se incluyó dos criterios: el de que cada vez que se haga un censo de población se toque el tema de la redistribución de escaños y cuidando de tomar en cuenta siempre el criterio de equidad para aquellos departamentos con poblaciones pequeñas y que tengan menor desarrollo económico (artículo 2, Decreto Supremo de 2005, presidencia de Veltzé).

Esto nos lleva a la última modificación de escaños, Ley 421 de 2013 (presidencia Morales), en la que se modificaron cuestiones centrales como que en la Cámara de Diputados a las diputados plurinominales y uninominales se sumaron los de las circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas; además, y esto nos conduce al debate actual, en la distribución de escaños se toman en cuenta los criterios de población, menor desarrollo económico para departamentos menos poblados, y se introdujo el tema de la fórmula del Índice de Desarrollo Humano.

El resultado de aquello, como efecto inmediato, fue que al interior de los departamentos y en el diseño del mapa de circunscripciones uninominales, el peso del voto de las áreas rurales tiene más significancia que en las áreas urbanas, esto evidenció con mayor claridad cómo un diputado pandino tenía que reunir muchos menos votos que un diputado alteño, por ejemplo. Mucho cuidado aquí, porque el debate se centra en la distribución de escaños en el Legislativo, para quienes piensan que eso de un ciudadano un voto no se cumple y que encubre un supuesto fraude, es necesario recalcar que no se toca la elección de presidente del Estado.

Es decir, nuestro sistema electoral boliviano que –vistas las cosas tiene su complejidad– terminó por inclinarse significativamente más hacia el espacio popular en el Legislativo, y esto es bastante obvio porque quien tiene el poder suele aprovechar su ventaja, como es natural, para poner ciertas modificaciones al sistema proporcional de reparto de escaños que tenemos, pensando en que su núcleo principal de votos se encuentra en los espacios poco poblados y con índices de desarrollo humano bajos. Al igual que en 96 Sánchez de Lozada hizo la apertura de los uninominales con predominancia citadina.

Afortunadamente, hablamos de un sistema, y como tal es perfectible, no existe en el mundo ninguno que garantice el reparto proporcional perfecto en elecciones. Por tanto, el asunto no es solamente hablar del principio “un hombre un voto” que, repito, es igualdad aritmética, sino de que la complejidad se manifiesta cuando nuestra realidad sociopolítica también dice que para que se imparta justicia en términos electorales, se debe introducir la igualdad geométrica referida a las proporciones de lo que efectivamente somos como país con brechas de desigualdad evidentes.

¿A quién le corresponde abrir este debate?, a la clase política sin duda. Lamentablemente, eso solamente se logrará si los actores políticos estarían dispuestos a negociar –en el mejor sentido de la palabra– o si tuviéramos un bloque hegemónico con suficiente legitimidad para encarar este asunto. Vistas las cosas, nuestra clase política por ahora no está cerca de ninguna de las dos condiciones anteriores. Dicen por ahí que la historia la escriben los ganadores, pero si van a ponerse a escribir sin antes hacerse cargo de sus propios dilemas y superarse a sí mismos, me temo que la ganancia que recauden será tan poco rentable como lo que significan hoy las acciones de una aerolínea.

El autor es politólogo y docente universitario