El día de ayer, Ríos de Pie emitió un pronunciamiento público rechazando el Decreto Supremo 4232 emitido por el gobierno interino. Nuestro rechazo a esta legislación estableciendo procedimientos abreviados para la evaluación del uso de transgénicos se basa en cuáles son las competencias del gobierno de transición. Casi al mismo tiempo, las redes sociales se inundaban con reclamos sobre la promulgación del Decreto Supremo 4231, que penaliza la desinformación en medios impresos y artísticos.

 Con tan sólo dos decretos el gobierno actual ha dañado su legitimidad ante la opinión pública de una forma lamentable. Sería un error pensar que los activistas que protestaron contra atropellos del régimen de Morales no harán lo mismo durante este gobierno. La sociedad civil boliviana ha atravesado un despertar irreversible y la crítica no parará, con o sin decretos. 

Un debate constante en grupos activistas estos días ha sido hasta dónde llegan las competencias del gobierno de transición. El artículo 170 de nuestra Constitución establece que ante la ausencia de la figura del Presidente se debe llamar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Las nuevas elecciones, libres y justas, son el mandato principal. Más allá de eso, en nuestra Constitución no existe un artículo específico o explícito que delimite o enliste las funciones y deberes de un gobierno de transición como tal. 

Estas figuras se basan en jurisprudencia, o el conjunto de sentencias emitidas por entidades judiciales sobre el tema en el pasado. En nuestro caso, el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y la sucesión constitucional dan un marco para las acciones del gobierno de transición. 

Por otra parte, en la práctica este gobierno se debe a las protestas de octubre y noviembre del año pasado, que se dieron por las quemas de la Chiquitania, las violaciones a la Constitución y el fraude electoral perpetrado por el MAS. En consecuencia, lo que se espera de este gobierno de transición es que nos lleve a elecciones limpias y justas, que respete la Constitución y, dadas las circunstancias, afronte la crisis sanitaria causada por la Covid-19.

Nuestra transición también podría y debería guiarse por los estudios sobre transiciones a la democracia exitosas en la historia. Entre los pocos académicos latinoamericanos que se especializan en esta área de la ciencia política está Fredo Arias King, quien ha publicado extensos libros sobre las transiciones de países de Europa del Este y de nuestro continente. 

King indica que es importante reconocer las diferencias entre transiciones que llegaron a la democracia con éxito, como es el caso de Checoslovaquia bajo el gobierno de Vaclav Havel, y las que fracasaron, como la de México bajo el gobierno de Vicente Fox. Estos patrones de reformas y legislación incluyen la disolución de la policía política del antiguo régimen, mantener una línea política de centro y purgar el sistema de forma inmediata de funcionarios corruptos. 

Me pregunto, ¿Se habrá sentado alguien en nuestro gobierno de transición a leer estas teorías a fondo? Si fuera tal el caso, estarían conscientes de que Latinoamérica no ha visto en su historia una transición exitosa a la democracia después de un sistema que sin ser militar centraliza el poder en un solo partido.  Y, en consecuencia, sabiendo que estamos desafiando las estadísticas, veríamos más esfuerzos por crear consenso social antes de emitir decretos como los previamente mencionados.

Las teorías de transición a la democracia también destacan el rol de la sociedad civil en este proceso, motivo por el cual la libertad de expresión debería ser intocable. En la medida que un gobierno la limite, daña su propia legitimidad sin siquiera lograr un verdadero silencio. Después de todo, lo que hemos atravesado como sociedad la autocensura nacida del miedo ha disminuido. El hecho de que muchos grupos de activismo están hoy realizando campañas pese a una pandemia global es un claro indicativo de esto.
 

Jhanisse Vaca Daza es activista de derechos humanos y noviolencia, cofundadora de Ríos de Pie.