Como un amargo regalo a los periodistas en su día se puede considerar la difusión, el domingo 10 de mayo, del decreto supremo 4231, que modifica dos parágrafos de los decretos 4119 y 4200 y que amplía la penalización a periodistas y otras personas por divulgar datos que “desinformen” sobre la crisis sanitaria que vive el país.

Los otros dos decretos ya eran restrictivos de la libertad de expresión y de prensa, por lo que son violatorios de la Constitución Política del Estado. No se puede restringir esos derechos mediante un decreto supremo, además mal escrito y mal concebido. Organizaciones como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y la Fundación Human Rights Watch denunciaron que esas normas ponen en riesgo la libertad de expresión y que contravienen los acuerdos internacionales de los que Bolivia es suscriptor, especialmente el Pacto de San José.

El decreto que reforma los dos anteriores, aprobado el 7 de mayo y dado a conocer en el Día del Periodista, aumenta en dos sentidos las restricciones: por un lado agrega que también las actividades “artísticas” serán pasibles de ser sancionadas y que no solamente se acusará a los supuestos infractores de “atentados contra la salud”, como establecen las anteriores normas, sino de otras figuras penales que los fiscales puedan elegir.

Nos preguntamos, ¿por qué la Presidenta decidió añadir el artículo referido a que también las actividades “artísticas” serán penadas? ¿Ya no solo quiere controlar a los periodistas? ¿También tiene en mente a caricaturistas de periódicos?

Nunca pensamos que, una vez caído el largo y autoritario régimen encabezado por Evo Morales, el que lo sucediera pudiera ser igual de desfavorable en cuanto a las libertades democráticas se trata. Ya se han detenido a dos “guerreros digitales” del MAS por “desinformar” a la ciudadanía y proferir “insultos” a la presidenta Jeanine Añez. 

Sobre la supuesta “desinformación”, las leyes en Bolivia señalan que ello no puede ser definido en tribunales ordinarios, sino por los de Imprenta. Y sobre los insultos a la Presidenta, ello no implica un delito.

El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, sostiene que “los periodistas pueden estar tranquilos”, pues tienen leyes que amparan su trabajo e instancias que lo regulan, y recalcó que es importante reconocer que se está desinformando. “Militantes de partidos políticos intentan confundir a la población en un momento en el cual lo único que le interesa al Gobierno y los bolivianos es cuidar la vida”, enfatizó. Uno se pregunta, ¿es realmente esto lo “único” que le interesa al Gobierno o de paso busca neutralizar adversarios políticos?

Convengamos en que esta no es la primera disposición que limita las acciones, expresiones, etc que causen daños colectivos. Las leyes bolivianas castigan, por ejemplo, la divulgación de rumores que causen pánico financiero, las que inciten a la violencia, al racismo, etc. Es decir, desde esa perspectiva esta disposición no es excepcional, pues se quiere prevenir que la población sea llevada a atentar contra su propia salud y vida por declaraciones y comportamientos irresponsables, pero, ¿era necesario un decreto amedrentador para ello? Al menos  cómo se ha formulado es absurdo y autoritario. 

El problema está en el posible exceso de su ámbito de aplicación y la vaguedad de algunos términos que podrían ser mal usados para censurar expresiones artísticas y de crítica que deberían permanecer en el debate nacional. Si hay un área donde este gobierno ha sido merecedor de críticas ha sido justamente en el exceso cometido en algunas de sus medidas de aplicación de justicia. Hay buenas razones para temer más excesos. 

Ojalá este decreto sea derogado. La imagen de la actual gestión es progresivamente la de mano dura y el verticalismo; su retórica se ve acompañada de acciones en muchas ocasiones violatorias de las libertades democráticas. Si la intención es “buena”, como dicen las autoridades, la decisión tomada, es definitivamente deplorable.