La conveniencia o no de la ampliación de la presencia transgénica en la vida de los bolivianos merece ser consultada a la ciudadanía y no puede admitirse que sea producto de una decisión vertical aprovechando el momento. Ya el MAS cuando acordó con los agroindustriales tratar el tema, por disposición gubernamental permitió «el desmonte y quema controlada» del bosque, la Chiquitania fue arrasada por los incendios al extremo que más de 6.4 millones de hectáreas -según la ONG Fundación Amigos por la Naturaleza- fueron devastadas lo que generó reacciones que derivaron en que se pida una consulta nacional.

Esta necesidad, contemplada en nuestro ordenamiento legal, tiene además un imperativo de respetar un compromiso internacional, ya que Bolivia firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como Acuerdo de Escazú. Después de mucha demora Bolivia ratificó el acuerdo el año pasado. Se trata de una norma ambiental que protege el derecho de los ciudadanos a defender el medioambiente y a actuar en el marco de la Ley. Se trata de un importante avance democrático porque mediante Ley la gente puede participar en la toma de decisiones a la vez que se protege a las personas que denuncien hechos que atentan contra los ecosistemas.

La ley está en plena y efectiva vigencia para el ejercicio de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Este acuerdo contribuye a la protección del derecho de cada persona a participar en el quehacer ambiental. El artículo 7 establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente y sobre la salud, alimentación y la permanencia en su hábitat.

Asimismo, obliga a los Estados que forman parte del acuerdo a establecer en su legislación los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. «Estos incluyen, entre otros, la creación de organismos estatales competentes y la definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales». Recordemos que en Bolivia tanto la Constitución Política del Estado como las normas legales protegen el medio ambiente, la naturaleza y a la «madre tierra», pero desgraciadamente se pasa por alto estas normas y las agresiones medioambientales son constantes.

El anterior gobierno abusó de su poder e ignoró el derecho que tiene el pueblo a decidir sobre el medioambiente, y perpetró una serie de atropellos, ignoró el derecho de los pueblos a ser consultados, como en el caso del TIPNIS, o en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía; el inmenso daño que se hizo y se hace en la Amazonía y varias regiones, supuestamente protegidas, donde ingresan los cocaleros impunemente, o donde se explotan minerales. Los incendios de la Chiquitania y otros abusos han sido parte fundamental de los argumentos para que el pueblo se levante poniendo derrocando al ex gobernante del MAS.

Las instituciones nacionales y los ciudadanos, pueden apelar y exigir una amplia consulta -Referéndum- para definir el uso de semillas transgénicas, y utilizar el acuerdo de Escazú, que ofrece a nuestros Estados, a las organizaciones ambientales y productivas y a los ciudadanos en general, una plataforma de participación, defensa de la consulta y a acceso a la justicia ambiental, buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.