En media crisis de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ha encontrado un nuevo tema de rechazo en el que muy probablemente terminará dando un paso atrás ante la polémica que innecesariamente ha generado en el país, en momentos en que la atención, las energías y el tiempo debieran estar destinados a hacer efectiva la lucha contra el Covid-19. En un decreto aprobado casi como regalo al Día del Periodista del 10 de mayo, la presidenta ha firmado el decreto 4231 que sanciona la desinformación como delito contra la salud pública.

La citada norma dice que "Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal".

Eso, en pocas palabras, aquí o en cualquier parte del mundo, se llama un atentado contra la libertad de expresión. No tiene otro nombre. Y esta vez se incluyeron el arte, donde pocos suelen animarse a regular.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, intentó aclarar la figura al afirmar que el decreto no alcanza a los periodistas y que persigue contrarrestar aquellas publicaciones que ponen en riesgo la salud de la población. Textualmente expresó “Tienen que cuidarse esos ciudadanos que difunden mala información, que tienen intereses políticos”, con lo que le puso al tema el tono de amenaza que le faltaba a la norma.

La libertad de expresión es un derecho no únicamente de los periodistas, es de todos y cada uno de los ciudadanos de un Estado democrático, y no acepta matices: la libertad de expresión se respeta o se viola, no existen “violaciones a medias” o “medios respetos”, y el gobierno debiera saberlo. La libertad de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La redacción y aprobación de proyectos, decretos o leyes que intentan vulnerar los derechos civiles a la libertad de expresión o directamente atacar libertad de prensa es una práctica muy recurrente en regímenes políticos autoritarios –lo fue en el gobierno de Evo Morales- y en aquellos a los que les cuesta mucho aceptar opiniones divergentes a la voz oficial del gobierno de turno.

Por eso preocupa que un gobierno de transición –condición que se le olvida con frecuencia a la presidenta Áñez y su equipo- intente vulnerar esos derechos sagrados de toda democracia, con una norma que, si bien en apariencia se refiere sólo a la emergencia sanitaria de estos meses, bien puede ser utilizada en cualquier momento en cualquier otro contexto.

Como ha pedido la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el gobierno tiene que modificar la norma para preservar los derechos de las personas. Para bien o para mal, este gobierno ha demostrado que tiene una singular facilidad para dar pasos atrás, como en el reciente nombramiento del nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena, la destitución y el siguiente intento frustrado de recuperar a Rafael Quispe en el Ejecutivo y otras medidas anteriores. Esperamos que haga lo mismo con ese artículo de la norma.