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La política a lo largo de toda la historia de la convivencia humana ha sido un instrumento de legitimación de la que David Hume calificó del “Milagro del gobierno de los muchos por los pocos”, que permite ver con facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos, y observar la sumisión impuesta de pasiones y principios.
Es indudable que el poder político, de ser únicamente una fuerza bruta petrificada en órganos del Estado, se ha manifestado más eficaz de capacidad de control en instituciones y servidores públicos que llevan hasta el último rincón esa presencia desafiante del poder coactivo y seductor del Estado. Las leyes y decisiones judiciales son instrumentos que no explican ni argumentan su proceso de Constitución.
La idea de relacionar poder y divinidad se desarrollaba ya en los Faraones egipcios y en los Emperadores romanos y en muchas otras expresiones del poder, legitimados por ese origen e identidad divina.
Para exponer ese poder que todo lo controla, sin importar la vida, la igualdad y la libertad, los regímenes dictatoriales niegan como es lógico la doctrina de Montesquieu, y así ocurrió en la doctrina del Tercer Reich Alemán (Bonnard, 1950,81).
En efecto, el principio de la división de poderes no es un dogma de Derecho natural, pero constituye un principio necesario fundamental de la organización del Estado Constitucional que, para su estabilización democrática y garantía de sus ciudadanos los gobiernos constitucionalmente pueden activar el despliegue racional de la fuerza pública en situaciones extremas (sedición, conspiración, terrorismo, etc.,), con mayor razón si los planes responden a inspiración de exgabinete clandestino.
Cuando surge el Estado Constitucional en la segunda mitad del siglo XVIII, pareciera que un reforzado equilibrio de instituciones fuera a garantizar derechos y libertades, mediante ese mecanismo de pesos y contrapesos de los órganos del Estado, para evitar el abuso del poder a alguno de ellos, como salvaguardia de derechos y libertades.
De otro lado, en nuestro país en la conformación de los órganos del Estado, se han producido desequilibrios graves: Una Constitución que no necesariamente ha nacido de los constituyentes, sino de una metamorfosis híbrida jurídicamente y en escenarios coaccionados que le restan auténtica legitimidad si fue aprobada al ritmo de un referéndum plebiscitario, similar a las elecciones fraudulentas de 2014 y 2020; otro fenómeno es la hiedra de la corrupción que se ha ido extendiendo en distintos grados que pareciera un contagio incurable; sumado el narcotráfico con estructura de poder político de seis federaciones del trópico que en 14 años se mantuvieron blindados en la producción de la materia prima, y fabricación de la cocaína.
La independencia, la integridad, la imparcialidad de los jueces –la triple I-, como ha llamado Antonio Colomer, entendemos que es la más necesaria para garantizar un verdadero Estado democrático de Derecho y, por ello, para rechazar toda acechanza conspiradora, enmascarados bajo la piel de salvadores carismáticos.
