Desde la alianza, liderada por Carlos Mesa, no aceptan que el Gobierno de transición tome decisiones referidas al tema ambiental por la complejidad política y sensibilidad social existente (no fue socializado), a tiempo de señalar que esta iniciativa no resolverá en el corto plazo el problema de alimentación de la población afectada por la cuarentena.

Si bien hay variedades de cultivo que son óptimas, hay otras que pueden tener impactos negativos en la salud humana y en el medioambiente, además de mostrar rendimientos de campo discutibles, según la lectura científica de CC. 

Del mismo modo, rechazan el paquete tecnológico con el que vienen incluidas las semillas anunciadas (agroquímicos y modelos de producción) y ven que debe prevalecer el principio de bioseguridad en todo actuar estatal.

Sin embargo, desde otro frente, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), consideran que el acceso a la biotecnología a través de los cultivos de soya, maíz, trigo y algodón es indispensable para dar seguridad alimentaria e impulsar a la economía del país (golpeada por la emergencia sanitaria).

Desde la CAO lamentan que ante la baja productividad se pierde participación en el mercado interno y, por consiguiente, se arriesgan miles de empleos ante la desigualdad que se genera con otros mercados donde existe el uso de tecnología.

Asimismo, los productores resaltan que, con la inserción de biotecnología se puede obtener mayor productividad en la misma área cultivada y se opta por un menor uso de agroquímicos y otros insumos para la eliminación de plagas (porque las semillas modificadas son más fuertes y resistentes). Además, se proyecta un menor uso de agua al reducir la cantidad de aplicaciones y una menor erosión del suelo ante el cambio del arado por la siembra directa.

Del mismo modo, el sector productivo perfila que, con esta iniciativa y la luz verde del Gobierno, se generarán mayores ingresos para lo pequeños productores y estos cuentan con más seguridad para trabajar debido a que no serán engañados en la venta de agroquímicos dañinos para la salud, ya que no son necesarios para controlar a las semillas (no se ven afectadas por las plagas).

El criterio del expresidente Evo Morales también se suma a las posturas sobre el tema. Vía Twitter, la exautoridad atacó al Gobierno de Jeanine Áñez al señalar que su administración tenía la tarea de convocar a elecciones y no adoptar "ilegales decisiones" que comprometen al consumo humano, pese a que este diera luz verde para el uso de semillas modificadas en 2011 con la ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (la norma prohíbe la producción de transgénicos pero impulsa su importación).

Por su parte, el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, apuntó que todavía no hay una autorización de una variedad de semilla específica (eventos) y que el tema está en fase de autorización para desarrollar, a través de un procedimiento abreviado, el proceso de análisis y estudio que llevaría a las autorizaciones de cada semilla mencionada en el Decreto Supremo 4232.

Los ciudadanos y ambientalistas también hicieron visible su postura al respecto en la Segunda Asamblea Urgente por los Bosques de Bolivia, al advertir que estas acciones pueden traer una "catástrofe ambiental por megaincendios en tiempos de crisis sanitaria, crisis alimentaria, socioeconómica y climática".

En esta reunión resolvieron instar al Gobierno a anular el paquete anunciado y recordaron que existe una ley departamental que declara 'Pausa ambiental para conservar el patrimonio natural de Santa Cruz', promulgada en septiembre de 2019, la cual establece la inmovilización de tierras en las zonas afectadas de la Chiquitania por los incendios.

Como contrapropuesta, los ambientalistas sugieren impulsar un nuevo modelo de desarrollo sostenible y sustentable, que incluya la generación de una nueva política productiva nacional que fortalezca la agroecología, la producción nacional campesina y a los pequeños productores; respetando el marco normativo que otorga derechos a la naturaleza y que no viole derechos humanos ni derechos colectivos.

Además, ven la necesidad de conformar un Comité Ambiental independiente del Estado compuesto por expertos, activistas, sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos, así como la generación urgente de bancos de semillas nativas.