Después de que el Gobierno aprobó el Decreto Supremo para autorizar la aplicación de procedimientos abreviados para la evaluación de productos transgénicos destinados para el consumo y exportación, las repercusiones no se dejaron esperar. Por un lado, el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, defendió la medida y, por otro, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, la criticó duramente.

El decreto en cuestión señala que “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

Para Ortiz, la medida “puede ser una respuesta importante para fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos a las exportaciones” .

Según Página Siete, Ortiz aclaró que aún no hay autorización para la producción de nuevas variedades de productos genéticamente modificados.

“Todavía no hay una autorización de una variedad específica. Lo que ha habido es una autorización para que se pueda desarrollar mediante un procedimiento abreviado todo el proceso de análisis de estudio, que llevaría a las autorizaciones específicas de cada evento, de cada semilla, en cuanto a productos que autoriza el DS 4232”, manifestó la autoridad.

No obstante, el candidato presidencial del MAS reprochó que el Gobierno haya aprobado el Decreto “a espaldas” del pueblo.

“Mientras el pueblo se sacrifica en la pandemia, el gobierno emite a sus espaldas un decreto ilegal que autoriza transgénicos, favorece a transnacionales y pone en peligro especies que son base de la alimentación en Bolivia, como el maíz, del cual somos centro de diversidad”, señaló.

La medida también fue rechazada por la organización Probioma (Productividad Biosfera y Medio Ambiente) y por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb).

Ambas organizaciones coincidieron en la decisión del Gobierno pone en riesgo la salud de los bolivianos y favorece a las grandes industrias químicas.