A nadie se la ha ocurrido aún, pero cualquier día la gestualidad andina nos llevará a otra Constituyente. Aunque, como decía Linares: “no son los Congresos los destinados a regenerar a un pueblo”. El caso es que no se precisa una Constituyente ni, espero, un dictador, pero sí recobrar el sentido común, quizá con una simple reforma.

Es que la Constitución debería reflejar la cultura política local y no añadirle ficciones jurídicas, pasadizos inútiles, como en una casa diseñada por un arquitecto con delirium tremens. Si aprendiéramos de la experiencia, las normas preverían las crisis cíclicas, propias de nuestra cultura política. Lejos de hacerlo, le agregan trabas al fósforo, laberintos ajenos a nuestra historia, incapaces de ayudar en estos trances.

Estos días hay otra trifulca entre la Asamblea y el Ejecutivo, que debe zanjar el Tribunal Constitucional. Éste es el intérprete de la Constitución, así que ganará el que lleve a su cancha a los magistrados. La caída de Evo ya urgió a los jueces constitucionales a bendecir esta transición, cuando todos sabemos que no les quedaba otra.

En 2003 y en 2019, en Bolivia hubo sendos referendos callejeros que funcionaron como resortes de excepción para revocar el mandato presidencial. El referendo callejero no es constitucional, aunque su regularidad histórica sea mayor a la de muchas normas escritas, pero estériles. Como enseñaba Carl Schmitt, la excepción ilustra más de la política que la normalidad.

Consumados los referendos callejeros de 2003 y 2019, lo demás fue consecuencia. Se reorganizó el poder, las instituciones se cuadraron y las fuerzas políticas se acomodaron, así les disgustara el desenlace. Piensen en el papel congresal del MNR en 2003 y en el del MAS en 2019, y en el desmarque militar en ambos casos.

En 2003 y 2019, los afectados usaron la narrativa del “golpe” con coincidencia perfecta, al margen de que unos se llamasen liberales y otros, izquierdistas. Con simetría japonesa, lo que a un bando el 2003 le supo a legitimidad democrática, el 2019 le sonó a “golpe”, y viceversa. El referendo callejero suscita hasta los mismos discursos, prueba adicional de su índole estructural en la política nacional.

La paradoja es que el constitucionalismo no dé cauce a estas recurrencias para que el referendo callejero sea sustituido por una vía reglada. El filósofo exigía que las leyes se parezcan a la república y no al revés, pero aquí no se oye, tata. Persiste la maña de escribir constituciones que aprisionan nuestras gorduritas con corsé, hasta que revienten el traje diseñado para sílfides ibéricas, sajonas o germánicas.

En noviembre de 2019 padecimos otra vez este manual del mal sastre constitucional. Fugado Evo, la ley de transición hubo de ser santificada por un tribunal, incluso cuando el MAS estaba ya de acuerdo. El parlamentarismo habitual de la democracia boliviana en las crisis se vio de nuevo incómodo entre las instituciones, pese a que es típico de nosotros. Lo usamos siempre, como cuando inventamos las presidencias “interinas” de Guevara y de Gueiler, en 1979.

Vivimos pues una fábula que separa las reglas de la realidad. Debiera bastar el acuerdo político o una decisión ejecutiva para llamar a elecciones y permitir la salida de un régimen agonizante o resolver la discordia. Pero aquí exigimos, como extranjeros en el seno mismo de nuestra patria, el sello de una corte, en el instante mismo en que la república se incendia.

En la Constitución de 1967 el Legislativo tenía, por ejemplo, facultad de interpretación constitucional. Este raro artilugio se debía justamente a que a veces el corsé de la Carta Magna impide las piruetas necesarias. Las leyes interpretativas de la Constitución anterior eran una ruta menos hipócrita que someter acuerdos políticos a los magistrados, como ahora, para que los devuelvan con un abracadabra de jerigonza constitucional.

No es pues mucho pedir contar con una senda institucional auténtica para cuando la casa arda. Que al menos no se requiera rajar, cada dos por tres, a persuadir a los jueces de cuán urgente es su sello seco.