A quienes asumimos plenamente la cochabambinidad se nos acusa de que a toda solución encontramos un problema. Pero resulta que la pasada semana, a diferencia de lo que está sucediendo en otros departamentos, en Cochabamba se ha dado uno de los pocos ejemplos –en los últimos 14 años– de cómo se debe hacer política, en sentido de privilegiar el bien común sobre intereses sectarios y de que se pueden adoptar decisiones que convienen al conjunto.

Vayamos por partes. Desde noviembre pasado, en Cochabamba se volcó la tortilla. La Gobernación fue retenida por el MAS, con el nombramiento de Esther Soria como gobernadora, en sustitución del renunciante Iván Canelas, dejando en el pasado la hegemonía de ese partido en la región.

La nueva gestión no alcanzó trascendencia, salvo una que otra actuación de la gobernadora en sintonía con la línea remitida desde Buenos Aires, pero con un perfil más bien bajo, hasta que llegó el coronavirus y ese perfil comenzó a crecer por las desavenencias con el gobierno central sobre la forma de encarar la pandemia y el funcionamiento del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Las denuncias sobre el mal manejo de esa entidad, clave para enfrentar al coronavirus, hicieron que el gobierno central se precipitase e instruyera la posesión como director de un médico que tenía un claro alineamiento con el partido de gobierno, pero que no contaba con mayor apoyo del gremio, pese a lo cual emitió disposiciones administrativas, especialmente de nombramiento de personal, que provocaron rechazo.

Por su parte, la gobernadora decidió resistir el nombramiento hecho por el gobierno central, obstaculizó que el nuevo director sea posesionado conforme a normas y amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional por usurpación de funciones.

Se trató de una acción audaz porque, como sucede en otras regiones, hay una profunda desconfianza en las autoridades del MAS que se mantienen en funciones y, particularmente en las redes sociales, aumentaron las denuncias de negligencia, corrupción, boicot, etc. en contra de la gobernadora y del director del Sedes cuestionado por el gobierno central.

En ese forcejeo, el Colegio Médico Departamental tuvo la iniciativa de convocar a las sociedades científicas, la gobernadora, los ministros de Trabajo y Salud, y la Facultad de Medicina de la UMSS para solucionar de una buena vez el problema.

De acuerdo con algunas fuentes, a momentos parecía que se trataba de otra iniciativa destinada al fracaso, pues no se presentó ningún representante del Gobierno. En ese ambiente, la gobernadora explicó las razones por las que se oponía a la designación hecha por el Poder Ejecutivo: usurpación de funciones y el médico nombrado era un reconocido militante político, lo que generaba susceptibilidades respecto a que su labor estaría más en función de su militancia que de la atención a los problemas de salud.

Hasta ahí, lo previsible. Con lo que no se contaba era que la gobernadora lance una carta ganadora: ofreció dar un paso atrás, y pidió a la comunidad de médicos y de la Facultad de Medicina de la UMSS, presentar una terna de médicos capaces académica y profesionalmente, e independientes políticamente para dirigir el Sedes, y su compromiso de elegir, como establecen las normas, a esa autoridad de inmediato.

La reacción de los convocados fue rápida. A las pocas horas presentaron el nombre de cuatro médicos, y luego de un análisis, en forma conjunta, de la trayectoria de cada uno de ellos (todos con excelente récord académico), se optó, en forma unánime, por el Dr. Yercín Mamani Ortiz, por tener el mejor perfil para el cargo.

La adopción de esas decisiones puso en off side a las autoridades de los gobiernos central y municipal, que, finalmente no tuvieron otra que aceptar y avalar ese nombramiento.

Hasta ahí la historia bonita. Lo que viene y vendrá no lo será tanto porque, por un lado, han aparecido intereses corporativos dispuestos a poner trabas a la nueva autoridad sanitaria, sea porque se sienten desairados por no haber participado en su selección, sea porque la fama de Mamani y el apoyo con el que cuenta le permiten eludir sus presiones y mantener como prioridad la salud de la población, sea porque será difícil aprovechar su actuación para fines sectarios. Por otro, porque la situación es grave y se deben adoptar medidas duras.

Es imposible imaginar cual será el derrotero. Pero, la experiencia cochabambina en este caso debe servir como ejemplo para recuperar el concepto de política como un oficio de servicio al bien común y no como un espacio de mera confrontación que, en este caso específico es suicida.

El autor fue director de Los Tiempos entre 2010-2018