El coronavirus que atropelló los procesos sociales de muchos países en todo el hemisferio, también lo hizo en nuestro medio, su efecto más directo tiene que ver con el comportamiento de los líderes políticos que asumiendo en cada caso una particular responsabilidad frente al fenómeno de la pandemia, han cambiado el rumbo de una campaña que se dirigía a la promoción de sus programas y al ajuste de sus filas partidarias.

Naturalmente que entre los partidos con candidatos presidencialistas, son varios los que coinciden en el hecho de priorizar la atención general en el cuidado de la salud y posponer el proceso eleccionario, el tiempo suficiente para dejar espacios suficientes para retomar la etapa de campañas y de manera especial, impulsar un debate esclarecedor entre los principales candidatos, en función de ofertas partidarias que respondan a las demandas del electorado.

Un solo partido con los resabios de un gobierno autoritario de 14 años, es el que se esfuerza por promover la realización de elecciones en el lapso de los 90 días que vienen, alterando condiciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y desconociendo disposiciones referidas al reglamento que rige y establece la autoridad y al mismo tiempo las limitaciones en el cargo de la cabeza de una Cámara Legislativa.

Los candidatos de otras "tiendas políticas" tienen sus productos en reserva y mantienen una posición equidistante de un mínimo grupo partidista, cuyo candidato incluso está en la mira del Ministerio Público. Es necesario que el electorado nacional, sea informado sobre el proceso electoral, considerando que la autoridad en la materia es el Tribunal Supremo Electoral y ninguna otra que pretenda imponer sus condiciones de irregular validez.

Con el panorama que describimos, es evidente que la situación política nacional atraviesa por una confusa y difusa situación. Confusa porque los candidatos muestran una dudosa posición sobre el proceso electoral, aunque admiten que su postergación debe coincidir con la "seguridad de salud" que garantice aislar el Covid-19 y neutralizar su peligrosa propagación. Mientras tanto, con los derechos constitucionales vigentes, se mantiene la gobernabilidad de transición, lamentablemente presionada por una instancia que altera la paz ciudadana, con presiones que se mueven en un parlamento receptor de consignas que promueven caos e inseguridad.

Es difusa la situación política, por la repetitiva posición de algunos candidatos, con dilatados discursos, con redundancia en acciones y propuestas que ya no son parte de la expectativa de un electorado que espera cambios, aprovechando la circunstancia de una pausa obligada en la carrera electoral, en la que sólo algunos candidatos, los más experimentados, se animan a poner "los papeles en la mesa", descartando las incitativas a la violencia y el caos.

Este puede ser un tiempo que aprovechado estratégicamente por la capacidad de algunos candidatos, permita al electorado mantener vigente la idea democrática de concurrir a elecciones, pero en las mejores condiciones, sin atropellar derechos y menos poniendo en riesgo la salud ciudadana, patrimonio de vida de bolivianos y bolivianas.