La última semana ha sido la más complicada desde el punto de vista político para Jeanine Áñez desde que asumió la presidencia transitoria del país, en noviembre del año pasado. La característica de esta crisis es que no ha sido provocada por la oposición ni por los sectores sociales afines al MAS, sino que fue generada por el entorno más íntimo de la jefa de Estado.

En estos siete días la mandataria sintió la turbulencia que generó en la opinión pública los vuelos presuntamente irregulares realizados en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por la directora de Gestión Social del Gobierno, Carolina Ribero Áñez, y por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Ambas autoridades son consideradas personas de máxima confianza de la jefa de Estado. La primera es su hija, y Núñez es beniano y compañero político de la presidenta desde hace más de 20 años.

Los vientos de cola que golpeaban al círculo  íntimo de Áñez fueron desviados hacia la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que no afectaran al núcleo del Palacio Quemado. Después de varios días de idas y venidas, este jueves el presidente de la petrolera, Herland Soliz, presentó su renuncia al cargo asediado por denuncias de supuestos hechos de corrupción. En su lugar fue posesionado Richard Botello, un técnico con más de 20 años de experiencia en la industria hidrocarburífera.

Con el cambio se logró aplacar una corriente de aire adversa al Gobierno y a la jefa de Estado. Las denuncias sobre malos manejos económicos en YPFB aumentaban cada día y dejaban bajo sospechas a los miembros del Ejecutivo en una época en que también crecían las críticas por el aumento de los casos positivos de coronavirus en el país.

Precisamente, el martes de esta semana se conoció que dos miembros del gabinete,el ministro de Defensa, Fernando López, y la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, se declaraban en cuarentena porque algunos de sus familiares resultaron positivos para el Covid-19. También se aisló el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, como medida de prevención porque un funcionario del Sedes está afectado con el virus.

Para completar la semana, este viernes se inició con la posesión de Óscar Ortiz como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en lugar de Wilfredo Rojo, que hasta hace dos semanas se desempeñó como delegado presidencial en Santa Cruz para la lucha contra el coronavirus, pero fue relevado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Con la llegada de Ortiz al Ejecutivo, la jefa de Estado pierde a uno de sus principales aliados y estrategas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el viernes 30 de abril se comenzó, precisamente, la difícil semana de la mandataria porque ese día la bancada mayoritaria del MAS aprobó y promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones para el próximo 2 de agosto.

Reacciones

Si bien los hechos muestran las dificultades políticas que presentó la presidente en los últimos siete días, el hasta ayer presidente de la comisión de Constitución del Senado y ahora ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, dijo que se debe reconocer que también hubo una semana positiva desde el punto de vista económico y de gestión porque se inició el pago del bono Universal para cubrir, en parte, los efectos del coronavirus.

El flamante ministro explicó que, hasta el jueves, más de 120.000 familia, que representan más de dos millones de personas se habían beneficiado con los bonos universal, mientras que otras 800.000 familias accedieron a la canasta familiar. 

Ortiz también aseguró que el cambio que se produjo en YPFB es "una muestra de que este Gobierno actúa con transparencia". Además, adelantó que serán más estricto en el uso de los bienes del Estado.

 "El ministro Núñez emitió una señal importante al pedir disculpas por lo ocurrido (en su vuelo con la miss Rurrenabaque). Esos gestos nunca se vieron durante los 14 años de gobierno del MAS", afirmó el ahora ministro.

Desde el otro lado de la acera, el diputado Édgar Montaño, del MAS, afirmó que las denuncias de irregularidades no fueron presentadas por el MAS. Recordó que fueron los ahora gobernantes que las hicieron conocer a través de las redes sociales.

Recordó que fue la diputada Ginna Tórrez y su hijo los que divulgaron en las redes sociales que viajaron en un avión de la Fuerza Aérea de Tarija a La Paz porque fueron invitadas por Carolina Ribera.

Además de eso, mostraron públicamente las fotos de la celebración del cumpleaños de la hija de la Presidenta cuando en el país rige una cuarentena total en la que está prohibido, incluso, todas las actividades sociales.

El caso del ministro Yerko Núñez también se conoció gracias a que la miss Rurrenabaque 2016, Yarakoby Shiraishi, subió las fotos en su cuenta de Facebook de que viajaba de Beni a La Paz en un avión de la FAB en plena restricciones de la pandemia, dijo Montaño. 

El diputado masista presentó una solicitud de informe al Ministerio de Defensa para que explique sobre el uso irregular de los aviones de la FAB.

En ese aspecto, el diputado Miguel Ángel Feeney, UD, admitió que los casos de Ribera y de Núñez ha significado un golpe para el Gobierno de transición, pero no puede considerarse como un delito o una irregularidad, sino que forma parte de la inexperiencia en la administración pública.

Indudablemente, dijo Feeney, estos hechos son aprovechados por la oposición para magnificarlos a través de las redes sociales y de la opinión pública. 

"El MAS provocó grandes daños económicos al Estado, pero ahora aparecen para intentar ofrecer clases de moral", cuestionó Feeney.

Según el diputado UD, en los casos de Ribera y de Núñez hubo inobservancia a las normas producto de la inexperiencia, reiteró, por lo tanto, se deben corregir los procedimientos administrativos.

Sin embargo, otro miembros de la bancada de UD en Diputados, Amílkar Barral, dijo que el ministro de Defensa, Fernando López, debe presentar un informe sobre el uso de los aviones de la FAB y de los viajes que ha realizado entre el 15 de marzo a la fecha.

Barral aseguró que respalda la gestión de Jeanine Añez, pero tiene que mantener la fiscalización de los bienes del Estado, tal y como ocurrió durante la gestión del MAS.