La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Poder Ejecutivo, cada uno por su lado, toman decisiones que parecen precipitadas o, mínimamente, concebidas de manera incompleta, como lo evidencian los efectos posteriores de esas medidas de aplicación obligatoria, asumidas en el marco de las atribuciones de aquellas instancias del Estado.

En el caso de la ALP, controlada por el MAS, ocurrió con la Ley de Postergación de las Elecciones 2020, sancionada el 30 de abril y enviada de inmediato a la Presidenta para que la promulgue. Ella devolvió la norma a la Asamblea, con observaciones, en una acción de rechazo a su promulgación. La ALP desestimó las observaciones y la Presidenta del Senado promulgó la ley. Varios aspectos de la norma son cuestionables, principalmente el plazo fijado para realizar los comicios –90 días a partir del 3 de mayo–. Plazo problemático considerando que la propagación de la pandemia de Covid-19 está en plena progresión, que es imposible estimar de manera razonable la situación epidemiológica del país en las próximas semanas y que el riesgo sanitario es elevado.

Por su parte, el Gobierno –al cabo de casi 40 días de vigencia de la cuarentena total– decidió aflojar las restricciones sanitarias a partir del 11 de mayo, de manera diferenciada por municipios y de acuerdo con una escala de riesgo a determinarse, principalmente, en función de la progresión de la pandemia en cada región. La clasificación de los municipios estaba programada para ayer.

Pero antes de que se efectúe la evaluación del riesgo, tres departamentos ya habían rechazado la posible flexibilización de la cuarentena y más de una docena de municipios asumieron la misma decisión.

Es evidente la urgencia en ambas decisiones, la de la ALP y la del Gobierno. Urgencia comprensible por las circunstancias legales de la fecha fijada en principio para las elecciones, 3 de mayo, y por las presiones económicas y sociales resultantes de la cuarentena total.

En el primer caso, la presidenta del Senado anunció que la ley que había promulgado “no está escrita en piedra” y que la modificarían si fuera necesario. El Gobierno publicó anoche el Índice de Riesgo Municipal sin más comentarios acerca de su efectiva aplicación, lo que deja suponer que la decisión de flexibilizar la cuarentena a partir del 11 de mayo corresponde a las autoridades locales.

Gobierno y ALP muestran así su apertura a revisar sus medidas y, quizás, hasta a autocuestionarse, lo que es loable. Pero sería mejor que las decisiones que toman ambas instancias fueran concebidas de manera más eficiente y certera. Eso sería una señal que fortalezca la frágil confianza ciudadana en nuestros gobernantes.