Ante los recursos interpuestos por el oficialismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene al menos cuatro salidas para resolverlos. Dos de ellas relacionadas con la acción que busca declarar inconstitucional la Ley de elecciones 1297; y las otras dos están relacionadas con el recurso que pone en tela de juicio si Eva Copa, presidenta del Senado, puede promulgar leyes.

Una consulta a constitucionalistas y expertos da cuenta de aquello. Y es que el tema se puso en agenda desde el martes, después de que el oficialismo interpusiera ante el TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta y un recurso directo de nulidad. 

En el caso de la acción de inconstitucionalidad abstracta, el constitucionalista José Antonio Rivera explica que si se admite y tras su tratamiento, el TCP puede: 1) Declarar la inconstitucionalidad de las normas de la Ley que no estén acordes a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), y 2) puede declarar su constitucionalidad. 

Si se declara la inconstitucionalidad, Rivera manifiesta que las normas de la Ley serían “declaradas nulas y expulsadas del ordenamiento jurídico”. “Aquello daría lugar a que no se realicen las elecciones en el plazo de los 90 días, sino cuando las circunstancias de sanidad, salubridad pública así lo permitan”, indicó. 

En cambio, si se declara la constitucionalidad, Rivera expresa que el Tribunal Supremo Electoral deberá de extremar los esfuerzos y tomar las previsiones para realizar las elecciones generales.

  “No obstante, presumo que, si se realizan, estando en crecimiento el contagio comunitario, resultaría ser una elección fallida, en la que una parte de los ciudadanos concurrirán, pero una gran mayoría posiblemente no concurra a votar, lo que restaría de legitimidad a las elecciones”, sostuvo.  

El constitucionalista indica que “existen suficientes indicios de incompatibilidad” de la Ley electoral “en su contenido con las normas de la CPE”. 

Uno de los indicios que cita es el de que pretender que casi siete millones de electores asistan a votar el día de los comicios -tomando en cuenta que el voto es obligatorio., es poner en riesgo la salud y la vida de esos ciudadanos. “Por lo tanto, pone en amenaza de violación el derecho a la salud, el derecho a la vida, la integridad física de los votantes”, indicó. 

El  segundo recurso

Respecto al recurso directo de nulidad, si es admitido, la exmagistrada Silvia Salame explicó que el TCP puede 1) Declarar nula la promulgación de la Ley y 2) Declarar infundado el recurso interpuesto. 

No obstante, Salame considera que, si se da el caso, el TCP debería pronunciarse sobre este recurso primero. “El recurso directo de nulidad es una acción que tiene que ver con la legalidad, no con la constitucionalidad.  ¿Si es ilegal, cómo podríamos hablar de que es inconstitucional? Entonces, primero, el TCP tendría que pronunciarse sobre si amerita declarar la nulidad por ilegal, pero no pueden las dos activarse al mismo tiempo. El TCP no puede decir es ilegal y es inconstitucional”. 

Con todo, la exmagistrada considera lo siguiente sobre este recurso: “Para mí no están dadas las condiciones ni siquiera para admitir el recurso de nulidad”. 
 

“Parece irrazonable fijar un plazo sin tener elementos técnicos”

Arturo Yáñez, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, sostiene que nadie puede decir cuándo todo volverá a la normalidad, por lo que parece irracional fijar un plazo para los comicios sin tener los elementos técnicos.    

“Nadie puede en este momento en Bolivia poder decir cuándo las actividades se van a reiniciar de manera normal”, declaró Yáñez a Página Siete. 

El abogado indicó que por ejemplo el procedimiento de la impresión de papeletas de votación necesita de una preparación previa, que requiere de muchos contactos. “La sola impresión de más de dos millones de papeletas requiere un equipo de trabajo que esté imprimiendo”, sostuvo. 

Yáñez aseguró, que por otro lado, la preparación de los funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional, también involucra a muchos contactos. “Y el día de la elección ni qué decir, durante ocho horas la gente va a votar”, comentó. 

En ese marco, el abogado expresó: “Parece irrazonable querer fijar un plazo sin tener los elementos técnicos de saber cuándo con exactitud esto va a acabar. Todos queremos elecciones, pero es muy discutible en este momento, creo yo, fijar un plazo cuando no tenemos información, la cual es técnica, pero ni así los expertos pueden fijar en el caso boliviano o en cualquier otro caso”.