Antes de que me lancen a los cocodrilos, vamos a separar aguas. La salida constitucional que instaló un gobierno de transición luego del vergonzoso escape del señor Morales Ayma, quien más de una vez había dicho que sólo muerto lo sacarían de palacio, demostró que los bolivianos somos capaces de encontrarnos en situaciones límite, como a la que nos llevó el susodicho con su monumental fraude en las pasadas elecciones. 

Mi apoyo al Gobierno, en tanto transitorio, es absoluto. Para haber sido posible, esa salida democrática incluyó la continuidad institucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la misma composición, vale decir con dos tercios de mayoría, resabio del antiguo régimen, a la que en adelante denominaré con el término universal “parlamento”, lo que en definitiva descarta la peregrina falacia de que se cometió golpe en Bolivia. 

De los otros dos poderes, el Judicial, al igual que el Legislativo, se mantuvo con la composición surgida de las elecciones judiciales manipuladas por el MAS, mientras que el Electoral fue recompuesto, cumpliéndose una de las tareas encomendadas por el soberano al Gobierno de transición.

Tal renovación fue gracias al trabajo colaborativo entre el Ejecutivo, producto de la resistencia al fraude cometido por el antiguo régimen y el Legislativo, tributario de éste, como ocurrió para la primera convocatoria a las elecciones que tendrían que haberse efectuado el pasado 3 de mayo, si no se cruzaba la calamidad mundial en el camino. Es decir que, con una no muy frecuente madurez, estos dos poderes contrapuestos lograron ponerse de acuerdo por el bien mayor: la pacificación y democracia.

No vamos a decir que la relación entre ambos era una especie de luna de miel, pero tampoco era un infierno. La magia se fue cuando a la Presidenta se le ocurrió romper uno de los mandatos implícitos –reafirmado por ella al decir que sería una “acto de deslealtad y deshonestidad”- al anunciar su candidatura a… Presidenta. 

Se podría decir que el parlamento (esos dos tercios del mismo) estaba dispuesto a coordinar con la Presidenta, pero, en una acción entendible desde la política, no a transar con una candidata. Puestas a repartirse responsabilidades en este entuerto, cada cual tiene su parte.

Ciertamente, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria, el parlamento se ha convertido en una rémora que torpedea cualquier iniciativa gubernamental para sacar provecho político de ello. Su accionar, a no dudarlo, es digitado desde Buenos Aires.

En tal escenario –la gota que colmó el tarro fue la nueva convocatoria electoral en un lapso de seguridad sanitaria menor a la que propuso el TSE-  ha surgido una “corriente” que promueve un eventual cierre del parlamento. A sus sustentadores les digo que esa ni siquiera es una opción.

Alentar tal cosa es caer en el juego de quienes –nada raro que el origen de la consigna se halle en una mansión bonaerense- quieren ver autocumplida su profecía del “golpe”, además de dar lugar a una violenta convulsión –especialidad de Morales Ayma- en pleno estado de emergencia sanitaria. Ayudaría mucho, en cambio, que la Presidenta dé un paso al costado en lo concerniente a su candidatura puesto que, aunque ni siquiera se lo proponga, todas sus acciones –las buenas, sobre todo- despiden un tufillo a campaña electoral.

Por lo pronto, el gobierno hace bien en salir por los fueros de la institucionalidad, demandando de nulidad, ante el Tribunal Constitucional, la mencionada ley.  El principal argumento es que la Presidenta de la Cámara de Senadores no es quién, en acefalía de un(a) Presidente del Congreso, para haberla promulgado. El TC tiene la palabra.

Puka Reyesvilla es docente universitario.