Como se veía venir, la Gobernación de La Paz y las alcaldías de La Paz y El Alto asumieron decisiones contrarias sobre al futuro de la cuarentena en el departamento, lo que reafirma la falta de coordinación y las disputas políticas entre las autoridades y podría representar un riesgo sanitario dado el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

Cerca de las 11.30 de este miércoles, las alcaldías de La Paz y El Alto –reunidas en el Comité de Emergencias Departamental (COE), junto al Colegio Médico de La Paz, la Policía, Las Fuerzas Armadas (FFAA), el Sedes y los ministerios de Salud, de obras Públicas y de Educación– anunciaron su determinación de optar por mantenerse en la categoría de “ciudades de riesgo alto”, lo que implica mantener la cuarentena rígida, vigente en el país desde hace más de un mes.

“Hay un criterio común y generalizado en todas las autoridades presentes en el sentido de que, en este momento, no estamos en las condiciones de flexibilizar la cuarentena en ninguno de los dos municipios”, señaló el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Dos horas más tarde, el gobernador Félix Patzi, tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) –que convocó a la Asociación de Municipios de La Paz (Amdepaz), a federaciones de cooperativas mineras, productores, transporte interdepartamental e interprovincial, entre otros– informó de la decisión de flexibilizar la cuarentena desde el lunes 11 de mayo en el departamento, es decir optar por un “riesgo medio”.

“Nuestra resolución es legal y no entra en contradicción de las decisiones asumidas en cada municipio (…) Si La Paz y El Alto decidieron (mantener el rigor de la cuarentena) es su prerrogativa, pero hay otros poblaciones que no tienen casos y no tienen por qué someterse. De 87 municipios, 12 tienen coronavirus, por tanto no podemos sacrificar a 75 por una decisión única”, justificó luego Patzi en referencia a las 87 comunas que tiene la región.

Municipios de referencia

Desde ambos frentes salen argumentos en sentido de que se cursaron convocatorias enmarcadas en la ley y oportunas para la asistencia a ambas citas, pero el hecho es que los responsables de la gestión pública de la región no llegaron a un punto de convergencia.

La Paz y El Alto no solo son los dos municipios más grandes de la región en términos poblacionales –concentran cerca del 62% de los habitantes de la región, cifrados en 2,9 millones–, sino que son sede de los hospitales de referencia departamental, administrados por la Gobernación paceña. Es a éstos que llegan pacientes de las 20 provincias dado el déficit de postas y centros de salud de primer y segundo nivel en el área rural.

Las determinaciones asumidas por ambas instancias, que deberán ser evaluadas por el Ministerio de Salud en las próximas horas para ver su pertinencia, fueron tomadas cuando faltan tres días para el término de la cuarentena total instruida por el Gobierno central el 22 de marzo. A partir del 11 de mayo, las decisiones futuras las asumen los gobiernos subnacionales, pero siempre en consulta con el Ejecutivo, el que tiene la última palabra en función del comportamiento de la curva epidemiológica, de la capacidad hospitalaria instalada y del cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento físico por parte de la población.

Son también factor de análisis la dinámica productiva y laboral de cada municipio y su nivel de vinculación y transitabilidad con sus pares.

En ese marco, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, llamó a los estantes y habitantes del departamento a colaborar. “Le pedimos a la población que así como tomamos hoy la determinación de no flexibilizar, que ellos también asuman de forma responsable y disciplinada esta situación, porque es la única forma de poder parar y cuidarnos de esta enfermedad mortal”.

Preacuerdo con sectores

En tanto, Patzi considera que las organizaciones obran con sabiduría ante la propuesta planteada. “En esta flexibilización general me llamó la atención de la sabiduría de las organizaciones, no es salir por salir, sino con medidas de bioseguridad”, afirmó y citó como ejemplo a choferes, mineros y dueños de restaurantes y peluquerías que han elaborado una serie de protocolos para empezar a trabajar. Aclaró, no obstante, que estos son proposiciones que deben ser “negociadas” con las respectivas alcaldías”.

La autoridad dijo que es de conocimiento general que el sistema sanitario nacional no está en condiciones óptimas –“es nuestra realidad”–, pero en su criterio el confinamiento ya no es una opción: “Eso no quiere decir que la cuarentena sea infinita. Si este modelo se maneja  rigurosamente, este es el mejor modelo a aplicar”.

Reproches desde el Gobierno

Para el Gobierno central, las resoluciones tomadas bajo el amparo de Patzi son irresponsables. “Señor Gobernador, no nos juegue al doblete, sino generará dos mensajes para la población del departamento y eso es irresponsable”, declaró el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Aunque las relaciones entre las principales autoridades del departamento siempre estuvieron marcadas por el distanciamiento político-ideológico, el factor que generó la ruptura total fue la intervención del Servicio Departamental de Salud (Sedes) por parte del Gobierno, el 16 de abril.

El Ministerio de Salud tomó el control de Sedes y designó a un director (René Sahonero) por el tiempo que se extienda la emergencia por el coronavirus, arguyendo la falta de cumplimiento de las medidas dispuestas desde el Ejecutivo para luchar contra la pandemia.

Salud respaldó su acción en el Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo de 2020, que establece que las entidades autónomas, en este caso la Gobernación, deberá “ejercer la rectoría en salud en sus jurisdicciones, conforme a los lineamientos y políticas emitidas por el nivel central del Estado”.

Colegio Médico preocupado

Las críticas también llovieron desde la perspectiva de los profesionales médicos. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, quien además asistió a la reunión del COE, lamentó que Patzi faltara a la verdad al decir que un representante de esa institución hubiera asistido a la otra cita, ya que en su criterio eso no sería ni serio ni ético.

“Estas (las asumidas por la gobernación) son determinaciones contra el departamento; hoy no solo hay que pelear contra el coronavirus, sino contra el Gobernador, nuestra autoridad no puede portarse de esa manera, con chiquilladas, se está jugando con la vida de la gente”.

El resto de los municipios a los que hace referencia Patzi –dijo– dependen de las alcaldías más grandes para el tratamiento de casos graves de salud. “Si un paciente es derivado de las provincias no se le puede negar atención. Quién va a trabajar por los otros 87 municipios, eso debe responder el Gobernador, quién hará la pruebas a la población de Cairoma, quién va a costear eso”, se preguntó Larrea en alusión a un ejemplo expuesto por la primera autoridad del departamento.