"En mi criterio personal y profesional, la ley que dispone que los comicios se realicen en 90 días debe ser declarada inconstitucional porque  (...) no se puede atribuir competencias que no corresponden, pues el calendario electoral, su ejecución y los plazos son potestad del Tribunal Supremo Electoral", explicó Bascopé.

    Ante esto, el experto en derecho constitucional señaló que el TCP debe declarar la inconstitucionalidad o nulidad de esta norma.

    El artículo 208 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que el TSE es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y administrar sus resultados.

    Asimismo, el numeral 7, del artículo 24, de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece que una de las atribuciones del TSE es convocar a procesos electorales, "fijando la fecha de la realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente".

    La postura de Bascopé surge luego que la senadora Carmen Eva Gonzales (UD) y el abogado Luis Ayllón presentaran el martes, en Sucre,  recursos de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP para impugnar la Ley aprobada por el Legislativo, que establece que los comicios se realicen en tres meses, que se contabilizarán desde el 3 de mayo.

    Gonzales señaló que la norma debe ser anulada pues contiene "vicios de nulidad de fondo y de forma", además que usurpa las atribuciones del Órgano Electoral y es contraria a la Ley 1293, para la Prevención, Contención y Tratamiento del COVID-19, que declara de interés y prioridad nacional las acciones para enfrentar la pandemia.

    En tanto, el senador Oscar Ortiz (UD) informó ayer que el oficialismo presentó en Sucre un recurso de inconstitucionalidad y otro de nulidad, ante el TCP, contra esa misma ley.

    Los recursos fueron presentados luego que el 30 de mayo, la presidenta del Senado, Eva Copa promulgó, en una sesión extraordinaria, la polémica Ley de Postergación de las Elecciones Generales, que dispone la realización del proceso en los próximos tres meses.

    La norma fue promovida y aprobada por el MAS, pese a que el TSE planteó con anterioridad, a través de un proyecto de ley, que los comicios se efectúen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, y se defina una fecha en función a criterios técnicos, logísticos y científicos, respecto a la evolución de la pandemia.

    En ese marco,  Ortiz dijo que se presentaron esos recursos legales debido a que la reducción de los plazos para las elecciones, en medio de la emergencia sanitaria, se constituye en una amenaza a la salud y la vida de los bolivianos.

    El legislador detalló que el recurso de inconstitucionalidad va al fondo del texto, que busca disminuir los plazos, mientras que el de nulidad cuestiona el procedimiento seguido por la senadora Eva Copa.

    Ante esto, Bascopé explicó que los magistrados del TCP tienen un plazo de cinco días para admitir o no los recursos legales; en caso de ser procedentes, tendrán entre 35 y 45 días para emitir una resolución.

    El abogado precisó que se interpone un recurso de inconstitucionalidad porque una norma es contraria a la Constitución, y que se solicita la nulidad de una norma cuando una autoridad no tiene la competencia para efectuar un acto administrativo.