Con seguridad, más de uno ha cuestionado y censurado la determinación de una Asamblea Legislativa controlada por el alicaído masismo, urgido por llevar adelante comicios generales, sin tomar en cuenta los graves peligros y riesgos para la salud pública que ello representa. La ciudadanía hubiese esperado que estos “insignes personajes” sean al menos capaces de ilustrarse -aunque ello sea pedir demasiado-, analizar y considerar el comportamiento ascendente del coronavirus que, según el reporte epidemiológico nacional N° 47, registra 1.229 pacientes infectados y 66 fallecidos.

Este nuevo exabrupto, lejos de provocar sorpresa e indignación, da cuenta del accionar deshonesto e inmoral con el que siempre actuaron y serviles cumplen a rajatabla los encargos y determinaciones “canallescas” asumidas por el autócrata Evo Morales, refugiado en Argentina.

Las ansias de venganza, odio y revanchismo descomunal de quien gobernara forzadamente por 13 años, 9 meses y 18 días, nunca cesaron. Pese a estar ausente y disfrutando de las comodidades ofrecidas por su anfitrión y protector, Alberto Fernández, asiduamente viola el estatuto del refugiado previsto por la convención de Ginebra de 1951; pues no solo evade el principio de refugio como institución humanitaria y consecuentemente “apolítica”, sino también la ha distorsionado, cometiendo excesos inaceptables y atentatorios contra la estabilidad y paz social del país.

Por su afán de convulsionar, perturbar e incitar a la movilización de sus bases militantes, guiados por una dirigencia radical fiel a sus designios conspirativos, están promoviendo acciones criminales y delictivas de insubordinación y resistencia sistemática al cumplimiento de la cuarentena y la emergencia sanitaria.

La precitada ley fue aprobada en tiempo récord por la Cámara de diputados el 29 de abril y enviada al Senado. De forma simultánea, mientras transcurría la sesión del senado convocada por Eva Copa, en el Banco Central de Bolivia, quien finalmente la promulgó ante la objeción del ejecutivo, en la noche del jueves 30 de abril se desató una serie de hechos vandálicos por partidarios del partido azul.

Además de financiar el “petardazo y cacerolazo” en señal de protesta por la ampliación de la cuarentena, también protagonizaron acciones violentas y delictivas en la ciudad de El Alto, Distrito 8, apedreando una ambulancia y dos Waynabuses que transportaban personal de salud, y en Yapacaní (Santa Cruz) irrumpieron y saquearon motocicletas retenidas en el interior del inmueble policial.

Llama la atención el grado de prioridades que tiene este vergonzoso “cuerpo de legisladores” afines al MAS y que junto a Evo Morales y la pléyade de improvisados ministros, son los responsables del paupérrimo estado del sistema sanitario nacional.

También son los culpables de la postergación sistemática del tratamiento del “Proyecto de Ley del 10% para la salud”, presentado en tres ocasiones desde el año 2017 hasta ahora, y cuyo impulsor fue el padre Mateo Bautista, de la arquidiócesis de Santa Cruz. Dicha ley tiene por objeto otorgar recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) en un 10% de aportación mínima, al igual que en todos los niveles de gobierno, para mejorar los servicios médicos del subsector público de salud perteneciente al Sistema Público de Salud (SPS).

Ojalá entiendan que apresurar comicios presidenciales, en plena crisis del coronavirus, es un atentado gravísimo a la salud y la vida de los bolivianos. La salud es primero, antes que cualquier interés político partidista.