Hay distintas formas de entender la actividad política. Por un lado, se la concibe como una ciencia práctica cuyo objeto es la búsqueda del bien común de los integrantes de una comunidad. Desde esta perspectiva, quienes ejercen autoridad o poder político, asumen como misión central la búsqueda de ese “bien común” utilizando las herramientas del diálogo democrático, con argumentos sólidos incluso científicos si se trata de salud, y, como consecuencia, la posibilidad de arribar a concertar agendas integrales, en la que todos deben ser tomados en cuenta, bajo el sabio lema de “ponerse en los zapatos ajenos”.

Otra forma de entender y practicar la política es la del ejercicio del poder en función del cargo o autoridad que se ejerce. Por su limitada cobertura, razonamiento unidireccional y su horizonte inmediatista, tiende a manipular o imponerse a través de la combinación de miedo y coerción, prescindiendo del diálogo la concertación y certidumbre, en la perspectiva de que, según la jerarquía que representa, se asumen como portadores naturales de una receta que también busca el bien, aunque este no sea común, es decir de todos.

Como se practique y ejerza, el poder dependerá básicamente de la cultura política, aspiraciones, valores de una sociedad y la consistencia democrática de las organizaciones políticas que han logrado germinar en un determinado medio. Lo ideal es que los liderazgos políticos, se equiparen a minorías creativas e intelectuales que guían una sociedad. Sin embargo, ocurre en muchos lugares que quienes ejercen poder y autoridad retardan o degradan el avance social y político de una población, lo cual en las actuales circunstancias es doblemente pecaminoso.

En épocas normales o libres de pandemia, se asumen las formas incongruentes de hacer gestión pública sin mucho sobresalto, puesto que finalmente exabruptos, incoherencias o imposiciones se convierten en una parte más del espectáculo y entretenimiento que recibe nuestra sociedad. Pero cuando el presidente de una potencia, donde la pandemia está en pleno auge sugiere inyectarse lavandina para combatir el virus, u otro subestima su letalidad, promoviendo aglomeraciones y asegurando que la enfermedad es apenas un gripezinha, estamos entonces frente a una degradación mayor de todos los parámetros del ejercicio del poder, y el sistema político requiere con urgencia de una poderosa medicina contra esas fallas.

En nuestro contexto, la llegada de esta plaga ha expuesto las limitaciones estructurales de nuestro sistema de salud, la fragilidad de una economía dependiente del precio de materias primas, el hiperburocratizado modelo de administración pública basado en colas y cerros de papel y, sobre todo, las taras de nuestra cultura política. Vean ustedes que hoy cuando los actores políticos, debieran dialogar y concertar –porque ni test, ni camas, ni respiradores suficientes tenemos–, afloran los dedos acusadores e intimidaciones de quienes ejercen “autoridad” y lo propio ocurre con quienes se encuentran relegados del poder y desatendieron la salud cuando disponían de ingentes recursos económicos y años muy valiosos.

Reflejo fiel de nuestro esmirriado sistema político, es el hecho de que en lugar de pactar agendas políticas, sanitarias, económicas y electorales sobre la base de información precisa que permita de manera sincrónica enfrentar los efectos perversos de esta pandemia, se opta por endosar responsabilidad sobre la población por los avances de la peste, puesto que los actores políticos –desde sus ubicaciones institucionales o enclaves territoriales– están abocados a enturbiar las aguas para medir sus “fuerzas”.

El corolario de este comportamiento errático y mezquino lo hemos presenciado con la aprobación de una ley de convocatoria a elecciones en los siguientes 90 días, sin consideraciones sanitarias ni diálogo con la población, sobre todo urbana, acerca de la necesidad y la posibilidad de comicios en ese plazo. En contra partida la Presidenta interina, teniendo por procedimiento constitucional 10 días para vetar un proyecto de ley (art. 163. 10 CPE) y generar en ese lapso un espacio de reflexión colectiva con información transparente y criterios científicos que den fundamento a su decisión o la denieguen, opta por devolver de inmediato a la Asamblea la ley sancionada, con una carta cuya parte más saliente afirma que ella es también candidata y puede ganar las elecciones. ¿Dónde queda la necesaria concertación política para enfrentar al enemigo común? ¿Quienes piensan en el país más allá de sus intereses? ¿Qué están sembrando para el futuro?

El país y el mundo han cambiado raudamente en estos últimos 100 días, bien o mal se lo debemos a un enemigo invisible que nos pone de rodillas. Las prioridades expresadas en las agendas políticas son ahora muy distintas, puesto que con la pandemia llegó la hora de la salud, de salvar la economía, de resguardar fuentes laborales, innovar modelos de administración, pero, sobre todo, de transformar las formas de hacer política y los liderazgos que sobran, si están centrados en el cargo y la famosa autoridad con sus adulones de turno.

Centralizar el debate en la notoria inconstitucionalidad del procedimiento adoptado para promulgar la referida ley, es concentrarse en una nimiedad, evadiendo el fondo de nuestros problemas y colocándonos en situación de funcionales de las formas detestables de hacer política.

O cambiamos la forma de hacer política, o esperamos que este u otro virus, con un costo muy alto, obligue ese preciado cambio.

El autor es abogado y docente universitario en la UAGRM