Medio: Opinión
Fecha de la publicación: lunes 04 de mayo de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Ante este lamentable panorama y para evitar que la situación se profundice, el Gobierno transitorio anunció un plan para la creación de 600 mil empleos, principalmente en el rubro de la construcción.
El Plan de Empleo que prevé arrancar en junio, según dijo la presidenta Jeanine Áñez, beneficiará a vecinos, en las áreas urbanas, y comunarios en las zonas rurales.
El ambicioso plan se base en la construcción y mejoramiento de hospitales, enlosetados, aceras, parques, sistemas de riego y caminos, principalmente. Sin embargo, este no será suficiente para evitar que mucha gente quede desempleada y que las empresas cierren sus puertas.
El plan, si bien es importante, es un paliativo más a un conjunto de grandes acciones que deberá desarrollar el Gobierno para apoyar a todos los sectores productivos, que plantean una seria de propuestas y que merecen ser atendidas a la brevedad posible.
La creación de 600 mil fuentes de empleo suena interesante, pero hasta ahora el Gobierno no ha explicado los montos de inversión que dispone para la ejecución de las obras mencionadas, ni de dónde los obtendrá. Tampoco ha anunciado cuándo cumplirá con el compromiso de pago a decenas de constructoras bolivianas que desde el año pasado reclaman la cancelación de millonarias de deudas.
Sería interesante que el Gobierno arranque con el plan que ha anunciado, pero a la vez cumpla con sus compromisos, porque de ellos depende que muchas constructoras se reactiven y continúen generando fuentes de empleo.
Por otra parte, se espera que el plan de empleo sea manejado de forma transparente y que no sirva para sacar réditos políticos, ya que dentro de pocas semanas comenzará a “calentar” la campaña con miras a las elecciones generales. Ese riesgo está latente, considerando que la actual Presidenta también es candidata para los nuevos comicios.
Asimismo, es urgente que el Ejecutivo agilice la reanudación de actividades del área de la construcción, así como lo vienen haciendo otros países afectados por el COVID-19, para impedir que los efectos económicos sean mayores.



