Ya venían siendo recurrentes las denuncias de figuras políticas y líderes sociales con relación a las intenciones masistas digitadas desde la República Argentina, lugar de residencia del expresidente Evo Morales, en un lujoso barrio de la capital, además de la propia residencia de la embajada mexicana, al sur de la sede de gobierno, donde aún permanecen varias exautoridades del anterior gobierno entre ellos Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del masismo.

Cuando en fecha 26 de marzo del presente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de su presidente, Salvador Romero, anunciaba que por la emergencia del Coronavirus era necesario postergar la realización de la elecciones y se envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, este señalaba un rango de fechas, extendidas hasta finales de septiembre, en los que se defina la nueva jornada de votación cuando la crisis sanitaria por el coronavirus haya sido superada o contenida. En ese entonces este proyecto de ley había sido consensuado con todas las fuerzas políticas participantes.

“La sala plena del Tribunal Supremo Electoral, remite y presenta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley que defina una nueva fecha de elección general 2020, por la amenaza a la salud pública que supone la pandemia mundial del coronavirus que obliga a descartar el 3 de mayo como fecha de votación” anunciaba Romero.

El analista político Carlos Cordero, en contacto con EL DIARIO, ya había adelantado que el MAS tenía una gran intención en que las elecciones se llevaran a cabo lo antes posible, pues mientras más tiempo pasaba, más alejado del poder se encontraba su líder y todo su entorno.

En todo el tiempo transcurrido desde ese entonces hasta el día 30 de abril, varios actores políticos habían denunciado que el Movimiento al Socialismo se encontraba detrás de hechos aislados en diferentes localidades del país que llamaban al desacato de las medidas de cuarentena y movilización de personas para crear convulsión social.

Uno de estos casos tuvo lugar en la localidad de Riberalta, el 31 de marzo, cuando más de un centenar de Mototaxistas rompieron la cuarentena y salieron en una marcha acompañados de sus familiares y rebasando a las fuerzas policiales y militares que custodiaban el cumplimiento de las restricciones en el lugar. Días después y luego de investigaciones y denuncias se supo que dirigentes masistas estaban detrás de la organización de estas medidas irresponsables que atentaban contra la salud de la población.

Hechos similares tuvieron lugar en distintas ciudades y poblaciones el país como El Alto, el Chapare, casualmente regiones de alta afinidad y militancia con el Movimiento al Socialismo, bajo el pretexto de necesidad de los pobladores. Aun cuando las necesidades fueron atendidas mediante bonos emitidos por el gobierno central, estos sectores, continuaron desobedeciendo las restricciones convirtiéndose en grandes focos de contagio.

Uno de los episodios más mediáticos tuvo lugar en la frontera entre Bolivia y Chile, exactamente en la localidad fronteriza de Pisiga, cuando alrededor de 300 ciudadanos bolivianos que no podían ingresar a territorio nacional por la medida de cierre de fronteras fueron acogidos en un campamento habilitado para que puedan realizar una cuarentena de 14 días, otro contingente de connacionales arribo al lugar exigiendo de forma agresiva el ingreso al país sin cumplir con ninguna medida de seguridad, en los disturbios generados por este segundo grupo le fue arrebatada un arma de fuego a un efectivo militar boliviano.

Aunque el hecho no pasó a mayores, días después desde el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Migración se anunciaba que entre la multitud movilizada en la frontera se encontraban personas con residencia permanente en Chile y a conocidos dirigentes masistas, además de ex funcionarios del consulado boliviano en el país vecino. El Ministro de gobierno Arturo murillo anunciaba que se había logrado identifica a más de un treintena de personas ligadas al MAS.

“Tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, por nuestros sistemas de inteligencia, ver que se está pagando 300 bolivianos a cada persona para que hagan esto. Buscan desestabilizar el Estado” manifestaba la autoridad en ese entonces.

Además se había comprobado que personas de este grupo identificado mantenían contacto con los “huéspedes” de la residencia de la embajada mexicana en La Paz.

Una y otra vez fueron denunciadas las intenciones masistas de desestabilizar al gobierno mediante el fracaso de la cuarentena, como expresaron a su debido momento ex presidentes como Carlos Mesa Gisbert o Jorge Quiroga, también manifestaron esta posición, diputados nacionales como Amílcar Barral, Gonzalo Barrientos entre otros, constantemente alertaban sobre esta figura cuyo factor común era el mismo. Todo era planificado desde fuera del país.

Llegó el día en que se disiparían las dudas, si es que aún quedaban algunas, del complot masista para utilizar la emergencia sanitaria del coronavirus para sacar ventaja política y para convocar a elecciones por encima de la salud de la población.

La comisión de constitución, también con mayoría masista, había convocado a partidos políticos y TSE el lunes 27 de abril, a reunirse nuevamente para coordinar el proyecto de ley para diferir las elecciones aunque estos acuerdos ya habían sido pactados antes de la entrega del proyecto para su estudio en esta comisión camaral.

El día 29, ya en la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, esta fue aprobada en su estación en grande con una modificación, esta establecía que el TSE debía convocar a elecciones en un plazo no mayor a 90 días a partir de la promulgación de la norma.

Al pasar a la Cámara de Senadores, el proyecto de ley fue aprobado por el rodillo masista sin ninguna observación por parte del Senado para pasar al pleno de la Asamblea Legislativa done nuevamente fue aprobada sin ningún reparo en la peligrosidad del manejo de la fecha de elecciones.

Ante una observación a la norma planteada desde el poder ejecutivo, ese mismo día, fue la presidenta del senado, Eva Copa la que convocó nuevamente a sesión para ser ella misma quien se encargue de la promulgación de la ley el jueves 30 de abril en horas de la noche.

Para esta misma jornada sectores afines al MAS habían convocado mediante redes sociales a sus simpatizantes y militancia a manifestarse con cacerolas y petardos entre la siete y ocho de la noche, momentos en que el masismo aprobaba la cuestionada ley. Toda una coincidencia que fue acompañada con intentos de romper la cuarentena en El Alto, el trópico y Yapacaní protagonizados por personas en estado de ebriedad y altamente agresivas con las fuerzas del orden y contra sus mismo conciudadanos. En estos últimos hechos se atentó contra vehículos que transportaban personal en salud, ambulancias e instalaciones policiales.

Todas estas manifestaciones tuvieron apoyo por parte de Evo Morales desde Argentina.