El 19 de septiembre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó ante el TCP un recurso abstracto en busca reponer los derechos políticos de autoridades nacionales, departamentales y municipales, con la consiguiente posibilidad de una repostulación en los próximos comicios.
Diez días después, el TCP admitió dicho recurso y ahora se aguarda su fallo.
Entre el 3 de octubre y el 14 de noviembre decidieron adherirse a esa acción de inconstitucionalidad el Comité Cívico de La Paz, SuyuJach”a Carangas, la diputada de la opositora Unidad Demócrata (UD), Margarita Fernández, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Confederación de Transporte Libre, Organización Sin Techo Bloque Oriente, Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro, Federación de Padres de Familia de El Alto (Fedepaf), Asamblea Legislativa Plurinacional, Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Organizaciones del municipio de Quillacollo.
Así también, exconstituyentes del MAS, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones Regantes, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob) y FAM-Bolivia.
Uno de los argumentos más reiterados para esa adhesión es apoyar la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019, por los logros alcanzados por el país y la gestión que desarrolló en más de 11 años de gobierno.
Paralelamente, los movimientos sociales determinaron efectuar movilizaciones en cada departamento del país, para respaldar la administración de Morales y el proceso de cambio iniciado en 2006. Hasta la fecha en Cochabamba, La Paz y Sucre se realizaron masivas concentraciones que expresaron el apoyo a un siguiente mandato del presidente.