El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó el domingo sobre la recaptura de Johnsy Darío Castedo, alias El Tinajas, quien es procesado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Según explicó Murillo, Castedo habría recibido detención domiciliaria, beneficio que aprovechó para darse a la fuga a mediados de abril.

Tras un trabajo de los servicios de Inteligencia de la Policía Nacional se logró acorralar al sindicado, quien se entregó a las autoridades presentando lesiones en el cuerpo a ser investigadas.

El titular de Gobierno recordó que el detenido es hijo de Mayerling Castedo Molina, quien sería “protegida” del exministro Juan Ramón Quintana durante “el narcogobierno de Evo Morales”.

Castedo Molina fue involucrada en junio con el clan narco Candia Castedo, que operaba en el departamento del Beni. De acuerdo con las investigaciones, la mujer ocupó varios cargos públicos durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) y acumula un patrimonio de casi Bs 6 millones.

Tanto el hoy recapturado como su madre y otros integrantes de la familia Castedo Molina son acusados de tráfico de drogas por la ruta Bolivia-Paraguay-Brasil. La indagación comenzó cuando una avioneta piloteada por el padre de Castedo —ya fallecido— fue sorprendida en mayo de 2019 con 302 kilogramos de cocaína en territorio paraguayo.

Desde el inicio de las pesquisas, diferentes legisladores y fuentes periodísticas apuntaron la relación del clan con el gobierno del MAS.

Incluso se hicieron públicas fotografías de Mayerling Castedo con el expresidente Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana y el exgobernador del Beni Álex Ferrier.

Gobierno investiga a jueces y fiscales que favorecen a criminales

A propósito de explicar la logística para la recaptura de Castedo, Murillo exhortó a fiscales y jueces a no beneficiar a los criminales a costa del trabajo de la Policía Boliviana.

“Es importante pedirles a los señores fiscales y jueces que por favor no den medidas sustitutivas a los narcotraficantes, a violadores de menores, a feminicidas, a infanticidas, toda esta gente le hace un gran daño a sociedad”, afirmó.

En este sentido, la autoridad explicó que el Ministerio de Gobierno tiene una lista de funcionarios que son investigados y que el Gobierno realizará las medidas necesarias en futuros casos.

“Si no nos ponemos todos la camiseta del pueblo de Bolivia —que quiere que se luche contra el narcotráfico, contra los violadores, contra los feminicidas—, nosotros nos vamos a ver obligados a iniciar acciones judiciales contra esta gente que beneficia a los delincuentes y a publicar sus nombres, apellidos y en qué casos (de beneficio a criminales) han participado”, advirtió.