La aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objeto de convocar inmediatamente a elecciones, ha desatado una oleada de críticas y en consecuencia amerita hacernos algunas preguntas, independientemente de las connotaciones de este hecho puntual. Lo que sucede en el Órgano Legislativo no es una casualidad, tiene que ver con un comportamiento político de carácter partidario, que merece ser juzgado y en función de ello deberíamos preguntarnos, qué es lo que está en juego en esta coyuntura y corresponde analizar el rol político que asumió el MAS desde noviembre del año pasado, tiempo suficiente para obtener importantes conclusiones. Es evidente que Evo Morales desprecia los valores democráticos y piensa que el Estado es patrimonio del partido que dirige con verticalidad y que creó para proteger los intereses sindicales de los cocaleros, su concepción de la política no es diferente del que tuvo desde que era un avieso dirigente del chapare, no olvidemos que llegó al poder bloqueando caminos, colocando cazabobos para frenar la erradicación de cultivos excedentarios, secuestrando policías y negociando con los gobiernos, mientras se exhibían los muertos como trofeos, en varias de las reuniones donde pretendía acuerdos para levantar sus medidas extremas y violentas. Desde México y luego en Argentina, el masismo promovió cercos a las ciudades, actos vandálicos e inclusive estuvo a punto de provocar una catástrofe en la Planta de Senkata, ahora se utiliza el rodillo parlamentario para aprobar una ley que afecta el derecho a la propiedad y como si eso no fuera suficiente, se atenta nuevamente contra el derecho a la vida, imponiendo arbitrariamente una fecha para las elecciones generales, cuando organizar esos procesos tiene que ver con una atribución constitucional reservada al Tribunal Supremo Electoral. No parece una coincidencia que se promovieran hace unos días disturbios en el Chapare y que militantes de ese partido sean activistas de la intención de generar desobediencia a la cuarentena, en departamentos tan afectados como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras el número de casos de Covid -19 aumenta cada día, está claro que existe una estrategia perversa que busca nuevamente convulsionar al País e intenta de forma criminal aumentar el impacto de esa Pandemia, sin que importe la pérdida de vidas y el sufrimiento que ello conlleva para tantas familias. Es indignante que una fuerza política impulse el fracaso de las políticas sanitarias del actual gobierno, cuando durante los últimos 14 años fue responsable del abandono total del sector salud, a sabiendas de las terribles deficiencias que tiene la red de hospitales, se propicia descaradamente la saturación de los servicios, por ese motivo se multiplican las reacciones de rechazo a esta postura inmisericorde y es de esperar que en los días venideros se discuta abiertamente respecto a la situación real de la democracia y lo que verdaderamente se encuentra en debate. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse y es evidente que la opinión pública ejercerá una fuerte presión, nos encontramos ante el peligro de que se descontrole la propagación del virus, pese a que durante un mes y medio el Pueblo viene haciendo enormes sacrificios, los que no entiendan la dimensión del problema y las consecuencias de sus actos, tendrán que rendir cuentas respecto a la vida de miles de personas, el costo de no hacer una correcta interpretación de la realidad y de subestimar a un Pueblo que ya estableció sus prioridades, a lo mejor termine dentro de poco sorprendiendo a todos.