Creer que ellos poseen poderes para sobreponerse a las autoridades es una aberración, un abuso y un acto de rebeldía no solamente contra el gobierno sino contra el mismo pueblo que reconoce y sabe que la Policía y sus miembros, conjuntamente las FFAA, pueden llegar y pernoctar en cualquier sitio del país y sin restricción o impedimento alguno. Causar molestias, proferir insultos y amenazas a los policías dan lugar a que pudiesen presentarse reacciones inesperadas que muy luego impliquen serios problemas para el gobierno que, conforme a la Constitución, estaría obligado a evitar problemas políticos, sociales o de cualquier clase. Los dirigentes políticos de izquierda que actúan demagógicamente, desde ambas cámaras del Legislativo, no trepidan en lanzar amenazas e insultos contra miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y hasta de las autoridades nacionales, arguyendo una serie de motivos que no se ajustan a la realidad y así lo han declarado muchos de los pobladores del trópico cochabambino que no saben cómo explicar la extraña conducta de quienes se sabe que ya nada tienen que ver con la condición de autoridades, porque dejaron de serlo en noviembre del pasado año y no comprenden que ya hay otro gobierno que rige los destinos del país, por estar legítimamente constituido de acuerdo con la Constitución.

Crearle dificultades al régimen de gobierno, maltratar a miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas son actitudes que están muy lejos de sus atribuciones constitucionales como partido político y mucho más alejadas de los intereses generales del pueblo, que vive acorde con lo que hagan las autoridades, en tanto y en cuanto se cumpla con la Carta Magna y las leyes. Hay angustia y preocupación en las familias de policías por las amenazas proferidas contra la entidad policial y, muy especialmente, en contra de sus miembros que ya han sufrido inclusive agresiones a su integridad física. Ellos, miembros del MAS y otros grupos pequeños, no comprenden los alcances de los hechos de noviembre que han dado lugar a la presencia de un nuevo gobierno constitucional que lo único que hizo es librar al país de un régimen que ha inferido serios daños a la nación al disponer festinatoriamente de sus bienes y peculio financiero, además de haber cometido serios delitos en contra de los derechos humanos durante casi l4 años. No quieren entender que el pueblo, cuando pide el juzgamiento de los dirigentes masistas y de sus jefes, lo hace por todos los delitos cometidos durante la dictadura que llegó a extremos dado lo mucho malo que se cometió. La medida que implica enjuiciamientos no incluye, por supuesto, a quienes no hayan cometido los delitos condenados hasta por la opinión pública internacional y por el pueblo en su conjunto que, cansado con todo lo ocurrido, vio con esperanza que el nuevo régimen efectivamente instaure la paz y la concordia al margen de dar solución a los múltiples problemas dejados por la dictadura.

Están fuera de todo razonamiento moral y cívico las amenazas del jefe del MAS y sus adeptos, que señalan normas de conducta contrarias a la armonía y las buenas costumbres, a sus adherentes tan solo impelidos por resentimientos y complejos que no los dejan vivir y menos disponer discrecionalmente del poder, como lo hicieron durante tanto tiempo. El partido del MAS y sus dirigentes deben tener en cuenta que el pueblo estuvo cansado de ellos y sus políticas y no desea su retorno que sería solamente para promover disturbios e impedir la vida en paz y armonía de todos los bolivianos.