En su plan de evitar nuevos aplazamientos, la Asamblea Legislativa decidió que las elecciones se efectúen dentro de 90 días y los partidos tendrán 45 días para reanudar sus campañas hasta la fecha de los comicios.

Como no hay vacuna contra los nacionalismos ni fundamentalismos, el MAS presionó porque quiere ganar tiempo antes de que la Ley 421, que dispuso una distribución ilegal y arbitraria de circunscripciones, pueda ser abrogada por otra ley, rectificada por el Tribunal Constitucional, cuya decisión está pendiente de resolución, e incluso, por el Ejecutivo, con un decreto. Saben que si no se enmienda esa ley, el MAS, con solo el 30% de votos, puede alcanzar mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que tendría un fuerte peso decisor.

Ahora existe una desafección ciudadana por la política, el coronavirus marca el ritmo y pospone el juego electoral, cambia prioridades y la reanudación de las campañas está condicionada a la evolución de la tasa de riesgo de contagio y a la capacidad de acción de nuestro deficiente sistema de salud, ante un eventual rebrote de la epidemia.

Si bien la dimensión de la crisis sanitaria y económica obliga a disponer cuanto antes de un Parlamento constituido y de un Gobierno en plenitud de funciones, antes de fijar plazos, el Tribunal Supremo Electoral debe consultar con los consejeros epidemiológicos y concertar con el Ejecutivo y los partidos políticos la gestión de los costos sociales de un confinamiento parcial, pues permanece el temor pandémico y la confusión.

Al no existir “laboratorios” para tomar ejemplos sobre cómo proceder, se deben observar algunos parámetros de sentido común: lo primero, enfrentar el desafío organizacional con una adecuada coordinación sanitaria electoral con el fin de eliminar el temor de los electores a las aglomeraciones en espacios públicos, para lo cual se debe diseñar un protocolo médico, proveer guantes, mascarillas, desinfección de recintos, control de temperatura por personal médico a la llegada a los puntos de votación, instalar tomas de agua para que votantes se laven sus manos y garantizar distanciamiento de seguridad, además de montar mesas y horarios especiales para las personas en cuarentena. El riesgo es la abstención por miedo al contagio.

Los partidos están obligados a cambiar de estrategia, las campañas puerta a puerta, los mitines, viajes y cercanía con los electores se verán afectados. La solución puede ser la tecnopolítica en las áreas urbanas.

En un contexto de incertidumbre como el actual, los votantes indecisos tenderán a preferir mantener el statu quo. Esta tendencia a la estabilidad y al pragmatismo puede favorecer al oficialismo. Será interpretada como un referendum a la gestión de la crisis de la Presidenta. Veremos si la calidad de gestión de la pandemia o el impacto de la economía, primará en la preferencia electoral.