Lo que distinguió al régimen populista boliviano (2006-2019) fue la firme continuidad con respecto a las tradiciones políticas anteriores, y no la creación de algo nuevo en las esferas institucional, ética, cultural y hasta ideológica.

El anterior partido gubernamental (Movimiento al Socialismo, MAS) reprodujo viejas usanzas autoritarias, paternalistas y prebendalistas: el secretismo, la discrecionalidad y la vasta corrupción de la administración pública. Hasta hoy el MAS no se ha dotado de una ideología propia; la jefatura no permite un debate intelectual-ideológico en el seno del partido. Cuando estaban en el gobierno, los distintos sectores competían dentro del MAS por la hegemonía política, pero se trataba de una pugna recatada y cautelosa, propia de los hábitos de las antiguas clases privilegiadas. Por ello los grupos en el seno del MAS no estaban interesados en una actuación pública transparente.

El carácter conservador del anterior régimen afloraba en el tradicional desinterés por los derechos de terceros y en la preeeminencia desmedida que se atribuía a la astucia y la picardía. La política se reducía entonces a una lucha sorda de intereses sectoriales. No existía una genuina preocupación por el bien común, salvo en la retórica destinada a los ingenuos. El partido populista en el poder, prosiguiendo las convenciones más enraizadas de la sociedad boliviana, se convirtió en el gran distribuidor de fondos, puestos y prestigio. Como afirmó Fernando Molina, el control de los canales de acceso al aparato estatal le brindó a la cúpula del MAS “su enorme capacidad de cooptación y deglución” de personalidades, partidos, grupos y, obviamente, ideales. Este orden, caracterizado por el sigilo, la arbitrariedad y el favoritismo, no pudo promover el Estado de derecho y la previsibilidad de las acciones gubernamentales.

La herencia cultural favorable al caudillismo estaba hasta noviembre de 2019 en plena salud. El líder providencial aparecía como la solución adecuada, por ser fácilmente comprensible para los sectores con niveles educativos menores. Lo problemático residía en el hecho de que el caudillo, el iluminado, el señalado por la historia, no conocía limitaciones a su actuación y perpetuaba el viejo legado rutinario de arbitrariedad e imprevisibilidad en la esfera pública. La praxis cotidiana del caudillismo conllevaba la desatención del Estado de derecho, el entorpecimiento del control racional y público de las actuaciones gubernamentales y la declinación del debate abierto y pluralista de opciones políticas.

El resultado fue el surgimiento de una élite gobernante convencional y poco razonable: el reino de los más fuertes y más astutos. Bajo el manto del radicalismo verbal se reproducían las rutinas más enraizadas del orden tradicional. En suma: en el ejercicio del poder, los dirigentes populistas, que decían luchar por los derechos de los excluidos de la historia, se transformaron en los miembros de una nueva élite de privilegiados, exhibían rasgos despóticos y casi siempre terminaban muy alejados del pueblo llano.

Mediante la utilización astuta y egoísta de los recursos fiscales y de la protección que brindaba a los suyos, el Gobierno populista, ese estrato de militantes privilegiados, mantuvo viva la tradición de las clases altas que vivían del aparato estatal y no tenían ninguna responsabilidad ante el conjunto de la sociedad.