La sanción parlamentaria y casi inmediata promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, el pasado jueves por la noche, eliminó la posibilidad de una crisis institucional, reactivó la campaña electoral –suspendida el 21 de marzo al mismo tiempo que el proceso para la realización de los comicios, como efecto de la irrupción de la pandemia de Covid-19 en el país–, fue el motivo para una nueva demostración de fuerza del MAS, mayoritario en la Asamblea Legislativa, e inició una etapa de mayor incertidumbre política, institucional y sanitaria.

En efecto, la flamante ley evita una crisis institucional, al dejar sin efecto el plazo obligatorio para las elecciones generales, establecido por la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, promulgada a fines de noviembre del año pasado como cierre de la crisis poselectoral que condujo a la renuncia de Evo Morales. Ese plazo vencía hoy, 3 de mayo, día que estaba fijado para la realización de los comicios, cuya no realización habría constituido un desacato de complejas consecuencias para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La ley promulgada la noche del último día de abril, evitando esa circunstancia, fija un plazo de 90 días para la realización de las elecciones y, además, establece que el TSE “dará continuidad a las actividades del Calendario Electoral” –que arrancaron el 5 de enero y se interrumpieron el 21 de marzo, como efecto de la emergencia sanitaria–. También instituye que “todas las actividades del Calendario Electoral ya realizadas y cumplidas hasta el viernes 20 de marzo de 2020, no podrán ser revisadas ni repetidas”.

Entre esas actividades, “ya realizadas y cumplidas”, figura el empadronamiento biométrico que concluyó el 26 de enero, con “135.000 nuevas inscripciones, que corresponden ampliamente a los jóvenes”, según constató el 27 de enero el presidente del TSE.

La nueva legislación vigente para las elecciones, deja fuera de ellas, les priva del derecho de votar y ser elegibles, a un número similar de bolivianos que alcanzarán la edad de ejercer sus derechos ciudadanos, 18 años, hasta el día de las próximas elecciones.

Y el ejercicio de esos derechos, entre los que figura “concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público”, está garantizado por la Constitución Política del Estado.

De pronto, una ley sancionada y promulgada en medio de la urgencia priva de un derecho fundamental a más de cien mil ciudadanos bolivianos. Y la perspectiva de una nueva crisis amenaza a la precaria institucionalidad del país.